Lo que importa
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A partir del 3 de abril, los nuevos pisos turísticos deberán obtener la aprobación expresa de la comunidad de propietarios con un respaldo de tres quintas partes.
En caso de no obtener el consentimiento, los propietarios podrán exigir el cese de la actividad y tomar acciones legales.
Los pisos turísticos existentes antes de esta fecha no se verán afectados por la nueva ley.
La medida busca "empoderar" a las comunidades de propietarios ante la proliferación de los alquileres turísticos y sus efectos en el acceso a la vivienda.
El Gobierno también trabaja en un paquete fiscal que incluiría un IVA para los alquileres turísticos, y el 1 de julio se aplicará un registro único para evitar fraudes.
Contexto
¿Qué modifica la nueva ley?
La Ley Orgánica 1/2025 introduce cambios en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960. Ahora, los propietarios que deseen alquilar sus viviendas como pisos turísticos deben obtener una aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Este respaldo debe ser de al menos tres quintas partes del total de los propietarios, y además, estos deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación.
¿Qué ocurre si no se obtiene la aprobación?
Si un propietario realiza actividades de alquiler turístico sin la aprobación de la comunidad, el presidente de la misma podrá exigir el cese inmediato de la actividad. Si el propietario no cumple, se podrán iniciar acciones judiciales.
¿Se aplican cambios retroactivos?
No. Los propietarios de pisos turísticos que ya operaban bajo la normativa vigente antes del 3 de abril podrán continuar su actividad bajo las condiciones y plazos establecidos previamente, sin que esta ley les afecte de forma retroactiva.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno con esta medida?
El Gobierno busca reducir la proliferación descontrolada de los alquileres turísticos, que según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, colisionan con el derecho a una vivienda digna, contribuyen al aumento de los precios de alquiler y limitan la oferta de viviendas residenciales. Además, se considera que hay un amplio consenso social para regular estos alojamientos.
¿Qué otras acciones está tomando el Gobierno?
El Ejecutivo está preparando un paquete fiscal para incluir a los alquileres turísticos dentro de las actividades económicas sujetas a impuestos, como el IVA. Además, se creará un registro único que entrará en vigor el 1 de julio, con el fin de evitar el fraude relacionado con los alquileres de corta duración.
¿Cuál es la postura de otros actores como los hoteleros y plataformas de alquiler?
Los hoteleros han expresado su apoyo a la regulación, señalando que es necesario frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos. Por otro lado, las plataformas de alquiler, como Airbnb, han solicitado un diálogo constructivo para establecer limitaciones que consideren justas y equilibradas, señalando también el impacto positivo que estos alquileres tienen en las economías locales.
Cómo sigue
La nueva ley entra en vigor este jueves, lo que significará que, a partir de esa fecha, los propietarios que deseen ofrecer sus viviendas como pisos turísticos tendrán que obtener una aprobación explícita de las comunidades de propietarios. Esta medida refuerza el control local sobre la proliferación de los alquileres turísticos, permitiendo a las comunidades gestionar la presencia de estos alojamientos en su entorno inmediato. Sin embargo, la ley no afectará a los propietarios que ya estén operando en este régimen.
El Gobierno también prepara el paquete fiscal que impondrá el IVA a los alquileres turísticos, lo que podría generar un impacto significativo en la rentabilidad de estos alquileres. A su vez, el registro único de alquileres, que entrará en vigor en julio, será un instrumento clave para el control del mercado y la prevención del fraude.
La regulación de los pisos turísticos continuará siendo un tema de debate entre los diferentes actores del sector. Aunque los hoteleros apoyan la iniciativa del Gobierno, las plataformas de alquiler argumentan que las limitaciones deben ser equilibradas para no perjudicar a los propietarios y las economías locales que dependen de estos ingresos.
FUENTE: El Observador - EFE
