La fotografía demográfica de España se oscurece y el mundo empresarial reclama medidas urgentes. La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (Sbees) presentó este martes un informe que alerta: el país necesitará incorporar 1,5 millones de inmigrantes en los próximos diez años para sostener su actividad económica ante la combinación de envejecimiento acelerado, baja natalidad estructural y una creciente dependencia de los flujos migratorios.
El estudio, elaborado por Opina 360 bajo el título ‘La España de los 50 millones’, advierte que España solo podrá mantener su competitividad si integra la inmigración como pieza central de su estrategia de futuro.
Si las previsiones se cumplen, el país alcanzará los 50 millones de habitantes en dos décadas, y en 2035 más de un 34% de la población tendrá origen extranjero en primera o segunda generación.
El presidente de Foment del Treball y de Sbees, Josep Sánchez Llibre, fue directo en su diagnóstico: “La demografía no es un tema de futuro, sino de rabiosa actualidad”.
Reclamó un Pacto Social que involucre a administraciones y sociedad civil para anticipar y corregir los efectos del cambio demográfico, y subrayó que España “necesita sí o sí de la inmigración” para mantener la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
La CEOE alerta: las pensiones subirán al 16% del PIB
La preocupación es compartida por la patronal. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, recordó que España es “uno de los países más envejecidos de Europa” y que esta evolución tendrá efectos directos en el gasto público. “El gasto en pensiones pasará del 13% actual del PIB al 16% en 2050”, advirtió, un salto que exige actuar “sin dilación”.
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Plaza Mayor en Madrid
Un mercado laboral tensionado
El informe dibuja un escenario laboral todavía más ajustado: en la próxima década, el país sufrirá un déficit de 1,4 millones de trabajadores, equivalente al 6,3% de los empleos totales. Para cubrir esa brecha, España necesitaría incorporar 140.000 personas en edad laboral cada año.
Además, el aumento sostenido del número de pensionistas y del gasto en prestaciones continúa siendo “uno de los grandes retos” para la estabilidad financiera del sistema público.
