Lo que importa
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El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado una proposición de ley para reformar la Ley de Vivienda y prohibir que empresas, fondos buitre y personas jurídicas compren viviendas en España.
La propuesta busca "desmercantilizar" la vivienda y frenar la especulación, tras evidenciar que las empresas han adquirido la mitad de las viviendas en España desde 2008.
Ibáñez asegura que la iniciativa es sencilla, con encaje constitucional y europeo, y confía en obtener una mayoría parlamentaria para su tramitación.
La propuesta pretende poner freno a la especulación de empresas y fondos de inversión, que, según Ibáñez, están desplazándose a áreas sin control de precios de alquiler.
El portavoz admite que, aunque le gustaría ir más allá, el consenso parlamentario no permite limitar el número de viviendas que puede tener una persona.
Contexto
¿Qué ha motivado esta reforma de la Ley de Vivienda?
La reforma se propone para frenar la compra masiva de viviendas por parte de empresas y fondos buitre desde 2008, lo que ha derivado en una creciente mercantilización del mercado inmobiliario. Este fenómeno ha acentuado la especulación y dificultado el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos, ya que grandes entidades adquieren propiedades con fines de inversión en lugar de uso residencial.
¿Qué consecuencias tuvo la compra de viviendas por parte de empresas y fondos?
Desde 2008, las empresas y fondos buitre han adquirido aproximadamente la mitad de las viviendas en España. Esto ha generado un incremento en los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y una concentración de la propiedad en manos de unos pocos actores económicos, lo que limita las posibilidades de acceso a la vivienda de muchas personas.
¿Cuál es el objetivo principal de la propuesta de Sumar?
El principal objetivo es "desmercantilizar" la vivienda, prohibiendo la compra de propiedades por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre. Además, busca reducir la especulación inmobiliaria y asegurar que la vivienda sea un bien destinado a satisfacer una necesidad social, no una mercancía para inversión y rentabilidad.
¿Cómo se articula esta reforma en términos legales?
Según Alberto Ibáñez, la proposición de ley tiene un "encaje constitucional" y se ajusta a los derechos europeos. Aunque la propuesta es un cambio significativo, se considera "conservadora" y no busca una intervención tan profunda como la limitación del número de viviendas por persona, una cuestión que, según Ibáñez, aún no cuenta con consenso parlamentario.
¿Qué impacto tendría esta reforma en los mercados inmobiliarios?
Si la reforma se aprueba, podría modificar sustancialmente la dinámica del mercado inmobiliario, especialmente en áreas donde los fondos buitre han tenido un papel predominante. Además, podría contribuir a la estabilización de los precios de la vivienda, al menos en las zonas más afectadas por la especulación. Sin embargo, esto también podría provocar que los fondos buitre se desplacen a otras zonas donde aún no existan regulaciones de control de precios.
Cómo sigue
La proposición de ley presentada por Sumar se encuentra en un momento clave en el Parlamento, pues se está buscando apoyo en diversas fracciones políticas, desde la extrema derecha hasta la izquierda. Aunque se reconoce que la propuesta no aborda todas las demandas en torno a la vivienda, como limitar la cantidad de viviendas por persona, se espera que encuentre respaldo suficiente para ser tramitada.
Una de las posibles consecuencias inmediatas si se avanza en la tramitación es una reorganización del mercado inmobiliario, especialmente en aquellas zonas donde los fondos de inversión han jugado un papel importante. Sin embargo, los efectos de la reforma en la especulación inmobiliaria dependerán de su implementación y de la respuesta del mercado, que podría incluir una reubicación de estos fondos hacia otras áreas sin control de precios.
A largo plazo, la medida podría abrir un debate más amplio sobre el modelo de propiedad y acceso a la vivienda en España, cuestionando si se deben tomar medidas más drásticas para regular el número de propiedades en manos de grandes actores económicos.
FUENTE: El Observador - Europa Press
