La sentencia abre la puerta a que el Gobierno pueda traspasar la Seguridad Social al País Vasco, como se establece en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado entre el PSOE y el PNV.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad que el País Vasco y Navarra gestionen el Ingreso Mínimo Vital.
La corte de garantías ha tumbado el recurso de Vox contra una disposición adicional de la norma que regula este subsidio, que contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y el pago de dicha prestación.
La formación de extrema derecha consideraba que esta disposición ponía fin a la “necesaria caja única de la Seguridad Social” y, por tanto, rompía “por primera vez desde la aprobación de la Constitución Española el régimen económico” del organismo. Vox considera que la atribución “íntegra” de las competencias al País Vasco y Navarra atenta contra los principios de la cartera que dirige Elma Saiz.
La sentencia del Constitucional dice que la tramitación y el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital no afecta al modelo de caja única porque la normativa que van a aplicar las comunidades es íntegramente estatal y el Gobierno se reserva funciones, como la fijación de criterio, la gestión del sistema de la tarjeta social digital y el control financiero posterior. Estas cláusulas garantizan el mantenimiento del modelo unitario y el funcionamiento económico uniforme.
Además, aunque País Vasco y Navarra no tienen competencias específicas en materia de Seguridad Social, su peculiar sistema de financiación les permite, a diferencia del resto de comunidades, asumir también el pago de la prestación, descontando posteriormente del cupo y aportando el importe que derive del concierto y el convenio económico con el Estado.