El banco vasco decidió judicializar a mediados de julio la decisión del Consejo de Ministros de tres semanas antes con exigencias adicionales a la operación. El recurso no afecta a la OPA. La Comisión Europea también analiza la decisión.
Edificio La Vela, sede del BBVA en Madrid
BBVA decidió llevar ante el Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Gobierno español a su oferta pública de adquisición (opa) sobre Banco Sabadell.
La entidad presidida por Carlos Torres confirmó que el recurso fue presentado el pasado 15 de julio, en respuesta a la resolución del Consejo de Ministros que autorizaba la operación, pero bajo una serie de exigencias adicionales.
El Ejecutivo condicionó su visto bueno a que, en caso de fusión, se garantice una gestión independiente del Sabadell, la conservación de la plantilla y el mantenimiento de las oficinas durante al menos tres años —plazo que podría extenderse hasta cinco—.
BBVA considera que estas condiciones exceden las competencias del Gobierno y optó por recurrirlas ante la justicia, aunque aclara que esta acción "no interfiere en la opa".
La decisión del banco se materializó antes de agotar el plazo legal para presentar el recurso, que vencía en septiembre debido a la falta de actividades en agosto.
Aunque el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, afirmó el 31 de julio que aún no se había tomado una decisión al respecto, lo cierto es que la estrategia legal ya estaba en marcha desde semanas antes.
De hecho, Carlos Torres ya anticipaba la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que se endurecieran las condiciones impuestas inicialmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio luz verde a la opa el pasado 30 de abril.
Aunque el contenido exacto del recurso no trascendió, BBVA sostiene que, según su interpretación de la normativa vigente, el Ejecutivo solo tenía potestad para mantener o suavizar las condiciones fijadas por la CNMC, no para endurecerlas.
Además, podría cuestionar la legalidad del proceso impulsado por el Ministerio de Economía, especialmente en lo referente a la consulta pública utilizada, un procedimiento inédito en este tipo de operaciones.
El recurso se presentó justo antes de que la Comisión Europea abriera en julio un expediente contra España para analizar si los poderes conferidos al Ministerio de Economía en estas operaciones respetan el derecho comunitario. Este contexto podría fortalecer los argumentos de BBVA ante el Supremo, según fuentes jurídicas.
Ahora será el Tribunal Supremo quien deberá decidir si admite a trámite el recurso. En ese caso, solicitará el expediente administrativo correspondiente y dará traslado a la Abogacía del Estado para que presente sus alegaciones.