La detención de Maduro y la crisis del régimen iraní son el síntoma de un cambio. Queda al descubierto un sistema internacional que, bajo el ropaje de la soberanía, protegió a tiranos durante décadas.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos y enviados a una cárcel de Nueva York.
Con Nicolás Maduro tras las rejas en Nueva York, las protestas masivas que sacuden los cimientos de la teocracia en Irán y la histórica aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el año ha comenzado con una intensidad inusual.
Si este fue el punto de partida, cabe preguntarse cómo llegaremos a diciembre, especialmente con el complejo escenario de las elecciones legislativas en Estados Unidos en el horizonte y la incertidumbre de un tablero global en constante ebullición. Pero empecemos por el principio.
Ahora que aparecen personajes como José Luis Rodríguez Zapatero reclamando méritos que no poseen, hace falta decirlo con claridad: hasta la intervención decidida por Donald Trump en Irán y Venezuela, nada sugería un retroceso del sistema de poder de ayatolás o del chavismo.
El bombardeo estadounidense a las bases iraníes el año pasado y la captura de Maduro han dejado al descubierto las costuras de regímenes que se pretendían consolidados.
Al mismo tiempo, han evidenciado la notable red de apoyos que los sostenían mediante discursos plagados de eufemismos, diseñados precisamente para evitar llamar a las cosas por su nombre.
Por el contrario, el horizonte de estos países parecía bastante favorable.
En Irán, la expansión de sus grupos proxies (Hamás, Hezbolá y los hutíes), el ingreso en los BRICS y un plan nuclear al borde del éxito, proyectaban una imagen de fortaleza.
En Venezuela, el régimen se consolidaba mientras se producía el aumento de secuestros, la muerte de opositores y el olvido del proceso electoral, todo sostenido por un entramado de negocios tanto legales como ilícitos.
La imagen que proyectaban sus líderes los mostraba poderosos y desafiantes. Saturaban medios y redes con bravuconadas y la ostentación de desarrollos militares ficticios ante un sistema internacional que, en gran medida, prefirió actuar como si toda esa farsa fuera real.
Pero la realidad terminó por imponerse: estos regímenes contaban con el armamento suficiente para reprimir a civiles desarmados, pero resultaron incapaces de enfrentar a un ejército profesional; mucho menos al norteamericano.
La señal más clara de que el impacto ha desestabilizado a los dictadores son las movilizaciones populares en Teherán y la reciente liberación de presos políticos en Venezuela.
Las acciones militares de Israel y Estados Unidos demostraron que los ayatolás ya no eran tan fuertes ni sus alianzas internas y externas tan homogéneas y poderosas como pretendían.
En Venezuela, lejos de tratarse de un gesto humanitario, la liberación de presos es la admisión pública de que el régimen ya no controla la situación.
Al mismo tiempo es una señal desesperada emitida para que sus jerarcas eviten seguir el mismo camino que Nicolás Maduro.
En ambos escenarios, la intervención de Estados Unidos —en el caso de Irán, en estrecha colaboración con Israel, cuyo mérito en esta historia es fundamental— y el arresto del tirano caribeño han alterado la «física del poder» a escala global, obligando a revisar estructuras que se daban por sentadas.
Esta nueva realidad, sin embargo, enfrenta una negación particularmente notoria en sectores del ecosistema político, mediático, académico y cultural. Les cuesta reconocer los hechos porque estas dictaduras no les eran ajenas.
Admitirlo también implicaría reconocer que estas «revoluciones de papel» se sostenían solo por su capacidad de represión interna y la invalorable ayuda de sus aliados fuera de las fronteras.
Otro aspecto que muchos prefieren ignorar es la legitimidad que los organismos internacionales otorgaron, durante décadas, a la consolidación de estos autoritarismos.
Mediante una interpretación sesgada del derecho internacional, se los trató como Estados soberanos legítimos, protegiéndolos de cualquier rendición de cuentas.
Aquí surge la paradoja que hoy tenemos clara ante nuestros ojos: el derecho internacional parecía ser de cumplimiento obligatorio solo para las democracias o para aquellas naciones africanas sin capacidad de lobby ni recursos naturales que ofrecer a cambio.
Pero había más. Mientras las dictaduras y diferentes gobiernos autoritarios ignoraban las normas, utilizaron su peso numérico y alianzas versátiles en los organismos internacionales para obligar a las democracias a cumplirlas, aprovechando esa asimetría para obtener ventajas estratégicas.
La gran novedad de la doctrina Trump es el quiebre de la selectividad: el derecho internacional debe ser universal o no será nada. No pueden existir reglas que solo obliguen a unos países mientras otros actúan con total impunidad.
Veremos qué nos depara el futuro.
Pero este cambio de paradigma podría no ser necesariamente una invitación a la violencia.
Viendo a Maduro en una celda en Nueva York, quizás eso sea el impulso inicial para que las reglas comiencen a ser respetadas por todos los actores sin excepción.
En última instancia, el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial dicta que los derechos fundamentales son universales y preexistentes a cualquier gobierno. Ningún mandatario puede apelar a la soberanía nacional para escudarse mientras viola los derechos humanos de su población.
Con Maduro en una celda y la teocracia iraní perdiendo el control de sus calles, el mensaje es definitivo: las fronteras ya no son un escudo para el crimen.
La soberanía nacional existe para proteger a los ciudadanos, no para blindar a sus verdugos.