El Ministerio de Hacienda anunció este lunes que la Comunidad Valenciana recibirá 39,9 millones de euros y los ayuntamientos afectados, 14,4 millones, como parte del anticipo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) destinado a cubrir los gastos de emergencia, rehabilitación y reconstrucción derivados de la última dana.
Los recursos forman parte de un adelanto de 100 millones de euros aprobado por la Comisión Europea, solicitado por el Gobierno de España en enero de 2025, para hacer frente a los daños provocados por la catástrofe natural.
El total solicitado ascendió a 4.403 millones de euros, de los cuales 1.357 millones fueron atribuidos a la Comunidad Valenciana y 1.035 millones a los ayuntamientos.
Según explicó el Ministerio, el reparto del anticipo se calcula en función del gasto elegible presentado por cada administración en la solicitud.
Inicialmente, la región valenciana iba a recibir 30,8 millones de euros, y las entidades locales, 23,5 millones, pero algunos ayuntamientos optaron por no solicitar el anticipo y esperar a la ayuda final, lo que permitió reasignar 9,1 millones de euros directamente a la Comunidad, que finalmente percibirá casi 40 millones.
El dinero comprometido por la crisis de la dana
Esta redistribución no afecta a las ayudas definitivas: renunciar al anticipo no implica la pérdida del derecho a recibir los fondos, que se asignarán en función de los gastos reconocidos una vez la Comisión Europea concluya su evaluación.
Desde el inicio de la crisis provocada por la dana ocurrida a finales de octubre pasado, el Gobierno de España comprometió más de 7.500 millones de euros para mitigar sus efectos, una cifra que representa más del 90 % de los recursos ejecutados por todas las administraciones públicas con ese fin.
Además de este anticipo comunitario, los ayuntamientos ya recibieron 1.745 millones de euros en transferencias directas de la Administración Central para hacer frente a los costos derivados del desastre, actualmente en proceso de ejecución.
Este adelanto del FSUE permite comenzar a cubrir parte de los gastos mientras se espera la resolución final de Bruselas, que fijará el importe definitivo que recibirá cada administración.
