Todo comenzó la semana pasada, cuando se reveló que el poderoso juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, había quedado envuelto en el escándalo en torno al exbanquero Daniel Vorcaro, acusado de fraude millonario. El vínculo entre ambos salió a la luz gracias a la publicación de documentos por parte de otro de los jueces del tribunal, André Mendonça, lo que desató una disputa interna de trasfondo político en la máxima corte, a menos de un mes de las elecciones.

Mendonça, que fue nombrado en el cargo en 2021 por el expresidente Jair Bolsonaro, ordenó el martes suspender temporalmente al director de la Policía, Andrei Rodrigues, y al jefe de Inteligencia del cuerpo, Leandro Almada da Costa, porque consideró que existían indicios de que hubo un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y contra el procurador general, Jorge Messias.

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Andrei Rodrigues

Y finalmente este miércoles otro juez de la corte suprema Flávio Dino, que fue ministro de Justicia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revocó esa decisión por un problema de procedimiento, al considerar que debía ser tomada por el pleno del tribunal. El magistrado adujo que la medida de Mendonça, "inédita en la historia de la corporación", puede "paralizar investigaciones y los trabajos policiales" en casos bajo su órbita.

De Moraes, conocido por haber liderado el juicio contra Jair Bolsonaro que terminó con una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, había denunciado a su colega Mendonça por "abuso de autoridad" y "favor a determinados grupos políticos" en base a un informe policial, que fue la base de la acusación de su colega.

La tensión entre ambos se da pocas semanas antes de la primera vuelta electoral del 3 de octubre, en la que Lula se medirá al senador Flávio Bolsonaro. Según las encuestas, el próximo presidente se definirá en el balotaje del 25 de octubre entre ambos candidatos, que están prácticamente en empate técnico.

Las revelaciones del caso Banco Master

Alexandre de Moraes, enemigo declarado de los Bolsonaro, quedó en el punto de mira después de que se publicaran mensajes comprometedores que el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, le envió en los días previos a su detención, en los que le consultó si debía salir del país. "¿Creés que el lunes ya tengo que irme?", le preguntaba en noviembre de 2025 el banquero al magistrado.

Un informe elaborado por la Policía a partir de información obtenida del celular de Vorcaro reveló una serie de intercambios que tuvo con el ministro de la corte suprema durante aproximadamente un año y medio. Los investigadores creen que el banquero actuó en distintas ocasiones en base a consejos de De Moraes. Las autoridades no tuvieron acceso a las respuestas del juez.

Los documentos que salieron a la luz por orden de Mendonça también mostraron que De Moraes revisó un contrato entre Vorcaro y su esposa, Viviane Barci de Moraes, por un valor de 130 millones de reales brasileños (unos 26 millones de dólares), que ya era público.

La decisión de levantar el secreto se tomó después de que el diario Estadão revelara conversaciones en las que el banquero le pedía al magistrado que interviniera ante el jefe de la Policía Rodrigues y ante el fiscal general, Paulo Gonet, para frenar el avance de las investigaciones sobre el banco.

Tras las revelaciones, creció la presión sobre el poderoso magistrado. Mendonça solicitó al pleno del Supremo analizar estos elementos. A su vez, dos de los diarios más influyentes del país, Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo, exigieron en sus editoriales la renuncia de De Moraes.

El Banco Master, de Vorcaro, fue liquidado a finales de 2025 con más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores, entre ellos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales, a los que supuestamente estafó al convencerlos de realizar inversiones turbias. Filtraciones de mensajes del celular del banquero y otros documentos del caso revelaron que Vorcaro era cercano a varios parlamentarios y jueces de la corte suprema de Brasil.

El impacto en las elecciones

Aliados de Lula acusaron a Mendonça de dilatar investigaciones de la Policía Federal que alcanzan al candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, mientras acelera otras que afectan al círculo íntimo del presidente. El magistrado rechazó las acusaciones de parcialidad.

Flávio Bolsonaro

La decisión de Dino de reincorporar al jefe policial se dio en paralelo a un recurso similar de la Procuraduría General de la Unión (AGU), defensora de los intereses jurídicos del Estado. El presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, dio el martes tres días a Mendonça para que se manifieste sobre ese pedido, informó la agencia AFP.

Flávio Bolsonaro había respaldado la decisión de suspender a Rodrigues. "Que la gloriosa Policía Federal vuelva a tener autonomía para ir detrás de delincuentes, y no de adversarios políticos de Lula", publicó en X.

El hijo mayor de Bolsonaro, elegido por Jair Bolsonaro para impedir la reelección de Lula, también se había visto salpicado por el caso del Banco Master, después de que en mayo pasado se revelara que le había pedido dinero a Vorcaro para financiar una película biográfica sobre su padre. Las autoridades investigan si esos fondos no fueron en realidad para financiar otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción en el proceso a su padre.

Lula, por su parte, pidió este miércoles "mayor transparencia y no filtraciones selectivas que impactan la contienda electoral" en las investigaciones en torno al caso del Banco Master. "Dada la gravedad del mayor crimen financiero de la historia de Brasil, el pueblo brasileño necesita explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial", escribió en la red X.

"Por eso, es urgente la ruptura completa del secreto de las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien sea, duela a quien duela. Brasil necesita saber la verdad", añadió.

A la vez, unas 3.000 entidades empresariales brasileñas divulgaron un manifiesto en el que alertaron sobre una "crisis institucional de extrema gravedad" cuyo "epicentro" es la corte. "Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social", señaló el pronunciamiento, firmado por las principales agrupaciones de empresas del país.

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