La administración de Donald Trump revocó las visas de varios funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, entre ellos el fiscal general boliviano, así como de sus familiares, a los que acusa de corrupción o vínculos con el narcotráfico. La medida se da en el marco de los compromisos asumidos por Estados Unidos en el Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad promovida por el republicano con los países aliados de la región.
"El Escudo de las Américas no son solo palabras: es una coalición que toma medidas", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una publicación del lunes en la red social X. "Hoy, el Departamento de Estado está dando pasos para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que socavan gobiernos elegidos democráticamente", apuntó.
"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos", indicó un comunicado del departamento liderado por Marco Rubio. "Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región", añadió.
"Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado", advirtió la declaración.
El anuncio se da poco después de la cumbre sostenida la semana pasada por los países que forman parte del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Trump se reunió allí con varios líderes aliados, entre ellos Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz, Daniel Noboa o Keiko Fujimori.
Quiénes son los afectados
La mayor parte de los afectados son bolivianos, entre ellos el fiscal general, Roger Mariaca, así como otros 20 fiscales y jueces, de los cuales 12 fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a los que se les negará la visa si la piden. Para EEUU, Mariaca participó "en actos de corrupción significativa".
Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca
EFE
"Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer", indicó el comunicado, citado por la agencia AP.
En una declaración pública en Bolivia, Mariaca dijo que respetaba las decisiones soberanas de Estados Unidos, pero que rechazaba cualquier intento de injerencia en las decisiones de las instituciones bolivianas. "Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales", dijo, y se refirió en concreto al caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Paz, así como del argentino Milei, que fue detenido por un supuesto intento de femicidio y es investigado por legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico.
Según el fiscal, las investigaciones generaron "preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos". "No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes", apuntó.
También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la jueza Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.
El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones, consignó la agencia AFP.
De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.
En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.
