14 de noviembre de 2026 5:00 hs

Cada vez que se acerca fin de año, los coordinadores de las distintas bancadas toman la lista de proyectos en agenda, evalúan y priorizan para tratar que antes de las fiestas algunos proyectos sean aprobados o al menos tengan el respaldo de una cámara.

Y si bien, por los plazos previstos, el Frente Amplio tiene hasta marzo del año que viene para cerrar algunas iniciativas, el objetivo del oficialismo es tratar de aprobarlas o, al menos dejarlas encaminadas, antes de fin de año. Y ahí se presentan al menos tres desafíos: el proyecto de ley de competitividad y costo de vida, la propuesta que busca habilitar una causal jubilatoria a los 60 años y la iniciativa sobre deudores.

Sobre el primer proyecto hay cierto consenso y lo que genera diferencias son algunos artículos puntuales. En el Senado fue aprobado con el respaldo de los tres partidos pero en Diputados el trabajo fue bastante más intenso y distintos sectores plantearon cuestionamientos.

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En las otras dos iniciativas Cabildo Abierto vuelve a ser clave. En el caso de la jubilación anticipada porque la coalición republicana ya se pronunció en contra e Identidad Soberana, si bien aun marcó postura, suele votar en contra de las iniciativas del gobierno. Y el proyecto sobre deudores tiene una importancia más allá del texto en sí.

Fue un compromiso político asumido por el Frente Amplio para que Cabildo Abierto votara la Rendición de Cuentas y el Ministerio de Economía está viendo la forma de compatibilizar los enfoques. Pero no la tiene fácil.

Competitividad

La iniciativa más importante del gobierno en 2026 está en comisión de Hacienda de la cámara baja desde hace un par de meses donde los legisladores vienen recibiendo una cantidad de delegaciones que, muchas de ellas, han planteado reparos. En el Senado fue votado por todos los partidos pero es difícil que el texto salga sin cambios de la segunda cámara.

Incluso, uno de los artículos centrales –que habilita el importador subsiguiente o segundo importador– va a ser mirado con lupa porque varias colectivos, como la Cámara de Industrias, fueron muy críticos con las consecuencias que podría tener, según dicen, en la industria nacional. Ese pasaje, considerado por casi todos como el único que puede tener un impacto significativo en el costo de vida, busca incentivar la competencia al facilitar la importación de productos ya habilitados en el país.

Los partidos de oposición que integran la comisión de Hacienda aun no fijaron posición –pese a que en general comparten el espíritu del proyecto– y empezarán a negociar a partir de la semana que viene. Sin embargo, legisladores blancos y colorados entienden que es necesario proteger de alguna forma a la industria nacional. Pero la posición en los partidos tradicionales no es unánime.

“Yo creo que hay que votar el 140 –el artículo del importador subsiguiente– tal como está redactado. Es lo que yo quiero para el país. Si tenemos que contemplar algún planteo que sea con artículos aditivos o en la reglamentación, pero es una declaración de principios. Queremos más competencia”, dijo a El Observador el diputado blanco y presidente de la cámara de Hacienda, Sebastián Andújar.

Pero esa no es la postura del resto de los legisladores blancos que integran la comisión e incluso es una posibilidad que los blancos se dividan para votar. Pablo Abdala, también diputado blanco, dijo en distintos medios de prensa que es necesario “mejorar la redacción, perfeccionarla” con distintos aspectos que den más garantías. Además, recordó en más de una oportunidad que algunos sectores, como la industria química o el sector alimenticio, han planteado “visiones apocalípticas” sobre este artículo.

La particularidad de este tema es que tiene el respaldo de técnicos de todo el arco ideológico. Tanto el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), referencia para el Partido Nacional, como Ceres de Ignacio Munyo o el Instituto de Economía de la Universidad de la República (Udelar) se pronunciaron a favor del facilitar las importaciones y el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la discusión le "divierte” porque todos los empresarios, dijo, son pro-competencia hasta que esa competencia los afecta.

Cabildo Abierto, que no integra la comisión, tampoco ha fijado una postura y analizará las negociaciones y los acuerdos.

Jubilación anticipada

La iniciativa que sale del Diálogo Social llegó al Parlamento con un escenario distinto. Ingresó primero por la Cámara de Diputados y de arranque los partidos integrantes de la coalición republicana fueron críticos. La semana pasada las bancadas de la coalición recibieron al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, al exministro de Seguridad Social, Pablo Mieres, y al abogado Rodolfo Saldain, redactor de la reforma de la seguridad social aprobada durante el gobierno anterior.

En conferencia de prensa, los tres dirigentes, que además representan a los tres partidos que integran a la coalición, fueron críticos con el proyecto. “Es un riesgoso saludo a la bandera”, dijo Saldain.

La propuesta del gobierno plantea habilitar una causal jubilatoria que permite a todas las personas con 30 años de aporte jubilarse a los 60 años –la última reforma había fijado en 65 la edad jubilatoria para los nacidos a partir de 1978–. Sin embargo, la iniciativa, dicen desde el Ejecutivo, solo será beneficiosa para el tercio de trabajadores de menores ingresos. Para el resto, el objetivo es que mantengan la edad jubilatoria por encima de los 65.

El oficialismo asegura que este cambio no tendrá impacto en las cuentas del BPS algo que fue cuestionado por Saldain que apuntó que eso va a depender de la “conducta de las personas”. “Cuando se proyectan conductas de las personas, hay una sola cosa cierta: es altamente probable que nos equivoquemos”, dijo y recordó la reforma de 2008 que costó “varias veces más” que la proyección.

En este escenario, solo Cabildo Abierto e Identidad Soberana podrían dar los votos para que el oficialismo consiga la mayoría que precisa para aprobar el texto. Ninguno de los dos ha fijado posición hasta ahora pero la familia Salle dio algunas pistas.

"Se formó una comisión que yo integro. Transitaré esa instancia y luego tomaremos resolución. Pero hubo un plebiscito, el pueblo mayoritariamente se expidió", dijo Salle a El Observador en referencia al plebiscito sobre seguridad social de 2024 que proponía llevar la edad de jubilación a los 60 años y no alcanzó las mayorías necesarias.

Esta semana Diputados votó la creación de una comisión especial con mayoría del Frente Amplio para tratar el texto y se fijó un plazo de 120 días (hasta el 10 de marzo). El oficialismo pretendía resolverlo en 30 días pero desde la oposición descartaron esa posibilidad. De todos modos, la bancada de gobierno pretende votarlo antes del cierre del año.

Deudores

Este es un tema que viene desde la Rendición de Cuentas cuando el gobierno acordó con Cabildo una serie de puntos para que le diera los votos necesarios para aprobar el proyecto presupuestal. Entre esos puntos estaba acordar antes de 180 días un proyecto común sobre deudores con el objetivo de regular la usura.

El Frente Amplio presentó una iniciativa a principio de año pero fue criticada por los cabildantes por, entre otras cosas, no incluir las deudas con el Estado y también por el Ministerio de Economía. Desde hace algunas semanas, el diputado Álvaro Perrone se viene reuniendo con representantes del Ministerio de Economía para tratar de llegar a un acuerdo. Cabildo presentó sus inquietudes y espera una respuesta por escrito para los próximos días.

Para el gobierno no es sencillo incluir al Estado entre los que podría cometer usura y en el oficialismo reconocen que no va a ser sencillo llegar a un acuerdo. Sin embargo, no alcanzar una iniciativa de consenso dejaría al oficialismo en falsa escuadra porque se comprometió a eso con Cabildo, quien ha sido un socio clave para aprobar la mayoría de los proyectos cuestionados por el resto de la oposición.

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