Brasil llega a las elecciones presidenciales de octubre en un contexto económico frágil. Un nuevo informe del economista Alberto Ramos, del área de investigación de Goldman Sachs, muestra que el deterioro de las cuentas públicas no da tregua: el sector público consolidado registró en julio un superávit de apenas 272 millones de dólares, muy por debajo de lo que esperaba el mercado (U$S 1.250 millones) y de la propia proyección del banco (U$S 1.350 millones).
Medido en términos de los últimos 12 meses, el sector público consolidado acumula un déficit primario de 0,7% del PBI. Pero el dato más preocupante es otro: el déficit fiscal global —que resulta de restar al superávit primario el pago de intereses netos de la deuda— se ubica en un elevado 9,3% del PBI, con un componente estructural que ya supera el 10% del producto. Según el informe, esta cifra no es un fenómeno pasajero: el déficit fiscal global ha superado el 8% del PBI en cada uno de los tres años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Déficit fiscal en la era Lula
El peso de los intereses es clave para entender el problema: la factura de intereses netos equivale a 8,7% del PBI, frente a 7,9% a fines de 2025. En otras palabras, buena parte del rojo fiscal brasileño no proviene del gasto primario sino del costo de financiar una deuda cada vez más grande a tasas de interés elevadas.
A nivel de gobiernos subnacionales, estados y municipios acumulan un déficit de 1.800 millones de dólares en los últimos doce meses (0,07% del PBI), mientras que en julio puntualmente registraron un rojo de U$S 1.730 millones, compensando parcialmente el superávit de U$S 2.160 millones del gobierno central. Las empresas estatales, por su parte, cerraron el mes con un déficit de U$S 214 millones.
El stock de deuda pública bruta general subió 60 puntos básicos hasta 82,5% del PBI, muy por encima del 71,7% registrado a fines de 2022. Si se utiliza la definición estándar del FMI —que incluye las tenencias del Banco Central de instrumentos de deuda gubernamental de libre disponibilidad— el ratio trepa hasta 95,4% del PBI. La deuda neta del sector público también aumentó 60 puntos básicos, hasta 69,1% del PBI, contra 56,1% a fines de 2022.
Qué dice Goldman Sachs
Para Goldman Sachs, la trayectoria de la deuda seguirá siendo ascendente en los próximos años. Revertir esa dinámica y construir colchones fiscales exigiría superávits primarios estructurales superiores al 2% del PBI, algo que el banco considera "muy improbable" en el corto plazo dado el actual sesgo expansivo de la política fiscal.
El informe subraya que la falta de control del gasto ha erosionado seriamente la credibilidad de las metas fiscales oficiales, "alimentando una economía sobrecalentada y sobreendeudada". Ese deterioro de la confianza no es un dato menor: según Ramos, un ancla fiscal débil ha elevado la prima de riesgo fiscal, lo que a su vez ha desanclado las expectativas de inflación de corto y mediano plazo.
De hecho, el propio mercado ya descuenta que el gobierno no cumplirá con su meta de déficit cero: las proyecciones privadas anticipan déficits primarios del gobierno central que se extenderían hasta 2027, muy por debajo de los objetivos oficiales.
El escenario descripto por Goldman Sachs se da en la antesala de un año electoral clave. Brasil vota en octubre para elegir presidente, y la salud de la economía —lejos de ser un activo de campaña— se perfila como uno de los principales pasivos que deberá afrontar el próximo gobierno, sea cual sea su signo político.
Los desafíos del próximo gobierno brasileño
Entre los desafíos que quedarán planteados para la próxima administración se destacan:
- Recuperar el ancla fiscal. Restaurar la credibilidad del marco de metas fiscales será central para bajar la prima de riesgo y anclar las expectativas de inflación.
- Contener el costo de la deuda. Con una factura de intereses que ya equivale a casi 9 puntos del PBI, cualquier estrategia de consolidación deberá lidiar con una carga financiera pesada y creciente.
- Ajustar el gasto primario. Alcanzar superávits estructurales por encima del 2% del PBI —el umbral que Goldman Sachs identifica como necesario para estabilizar la deuda— exigirá decisiones políticamente costosas de reducción del gasto.
- Coordinar con los gobiernos subnacionales. El déficit persistente de estados y municipios complica cualquier esfuerzo de consolidación fiscal a nivel agregado.
- Bajar la tasa de interés real neutral. Solo con una trayectoria de deuda sostenible en baja será posible reducir estructuralmente el costo del financiamiento público, hoy elevado por el riesgo fiscal percibido.
El diagnóstico de Goldman Sachs pinta un cuadro de fragilidad fiscal que se arrastra desde hace varios años y que, lejos de mostrar señales de corrección, continúa profundizándose. Con una deuda que ya roza (o supera, según la métrica) el 90% del PBI y un déficit global de dos dígitos, el resultado de las elecciones de octubre definirá no solo el rumbo político de Brasil, sino también si el país logra evitar una espiral de deuda cada vez más difícil de revertir.
