Contexto:
¿Por qué se presentó esta demanda?
La demanda fue presentada porque los fiscales generales de 16 estados gobernados por demócratas, entre ellos Nueva York y California, consideran que las investigaciones del Departamento de Justicia y las acciones de la administración de Trump contra médicos y hospitales que proveen atención relacionada con la transición de género a menores constituyen un intento ilegal de imponer una prohibición nacional. Argumentan que esta intervención federal infringe los derechos de los estados para regular la atención médica dentro de su jurisdicción. "El Gobierno federal está llevando a cabo una campaña de acoso cruel y selectiva contra los proveedores que ofrecen atención médica legal y vital a los niños", afirmó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la coalición de estados en la demanda, que fue presentada el viernes.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva poco después de su asunción que buscaba restringir la atención de transición para menores, incluyendo la retirada de fondos federales a hospitales y escuelas de medicina que ofrecieran tales tratamientos. Aunque varios jueces bloquearon esta parte de la orden, el Departamento de Justicia siguió adelante con investigaciones y amenazas de acciones legales contra los proveedores de este tipo de atención. Además, en los últimos dos meses, el FBI pidió a la población que llame a su línea de denunciar para informar sobre médicos que "mutilan" a niños "bajo el pretexto de la atención sanitaria de reafirmación de género".
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Un manifestante ondea una bandera transgénero delante de la Corte Suprema de EEUU
AFP
¿Qué tipo de atención está en discusión?
La atención vinculada a la transición de género incluye bloqueadores de pubertad, terapia hormonal y cirugías para menores transgénero. Estos tratamientos son utilizados para ayudar a los adolescentes cuya identidad de género no se alinea con su sexo asignado al nacer a hacer una transición a un género que coincida con su autopercepción. Casi todas las asociaciones médicas en Estados Unidos apoyan el acceso a la atención vinculada a la transición de género para menores. Muchos especialistas consideran que comenzar con estos tratamientos durante la adolescencia ayuda a los jóvenes a gestionar los sentimientos vinculados a su identidad y a reducir la depresión y la angustia. De todas formas, algunos expertos han expresado su preocupación por los efectos a largo plazo de los bloqueadores de pubertad y las hormonas en el desarrollo cerebral, la densidad ósea y la fertilidad.
¿Qué consecuencias ha tenido hasta ahora?
Varios hospitales suspendieron por un tiempo la atención vinculada a la transición de género para menores de 19 años tras el decreto de Trump, pero volvieron a ofrecerla después de que varios jueces bloquearan parte de esa orden ejecutiva. De todas formas, más de la mitad de los estados han aprobado leyes que restringen o prohíben esta atención, entre ellos Tennessee. La Corte Suprema avaló en junio la legislación de ese estado, tras una demanda presentada el año pasado por menores transgénero y a la que se unió la administración Biden. Los estados que firmaron la nueva demanda, como California, Nueva York y Massachusetts, permiten legalmente la atención de transición. La demanda se presentó para proteger esos derechos a nivel estatal y bloquear la interferencia federal.
¿Cuál es la postura del gobierno federal?
El gobierno de Trump defiende sus acciones, argumentando que tiene la autoridad para proteger a los menores de lo que describen como "mutilación" o "castración química". "Como ha dejado claro la fiscal general (Pam) Bondi, este Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas legales y policiales a su alcance para proteger a los niños inocentes de ser mutilados bajo el pretexto del 'cuidado'", señaló un portavoz del Departamento de Justicia (DoJ) a NBC News.
Pam Bondi y Donald Trump - AP
La fiscal general, Pam Bondi, junto a Donald Trump
AP
¿Y qué dicen los demandantes?
Los demandantes consideran que la atención médica para la reafirmación de género está protegida legalmente en todos sus estados y que los intentos federales de bloquearla "restringen el poder del Estado", lo que viola la Décima Enmienda. A la vez, argumentan que las medidas del gobierno obligan a los proveedores a tomar "una decisión imposible": desafiar las amenazas federales o cumplir con ellas y violar las leyes estatales contra la discriminación en la atención médica.
Cómo sigue:
La demanda sigue su curso en los tribunales, con los fiscales generales y el gobernador de Pensilvania solicitando que se declare inconstitucional la orden ejecutiva de Trump y las acciones posteriores del Departamento de Justicia. En este contexto, es probable que los tribunales tengan que decidir si las políticas del gobierno federal pueden prevalecer sobre las leyes estatales que permiten la atención de transición. Si los demandantes tienen éxito, esto podría marcar un precedente importante que permita a los estados mantener el control sobre los servicios médicos relacionados con la transición. La demanda también subraya la creciente polarización del debate sobre los derechos transgénero en EEUU.
