Dos prisioneros cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas en diciembre por el presidente Joe Biden, sorprendieron al adoptar una postura inusual: se negaron a firmar la documentación aceptando su acción de clemencia.
Shannon Agofsky (37) y Len Davis (40), ambos reclusos de la Penitenciaría estadounidense en Terre Haute (Indiana), expusieron mociones de emergencia en un tribunal federal en el distrito sur del estado para solicitar una orden judicial con el objetivo de bloquear la operación.
"Conmutar su sentencia ahora, mientras el acusado tiene un litigio activo en la corte, es despojarlo de la protección de un escrutinio más riguroso. Esto constituye una carga indebida y deja al acusado en una posición de injusticia fundamental, que diezmaría sus procedimientos de apelación pendientes", argumentó Agofsky en su presentación.
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Los hombres creen que la conmutación de sus sentencias los pondría en desventaja legal mientras intentan apelar sus casos basándose en declaraciones de inocencia. Ahora serán los tribunales quienes deberán examinar las apelaciones mediante el proceso conocido como escrutinio intensificado, en el que intentan despejar posibles errores legales.
Para el profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Capital University en Columbus (Ohio), Dan Kobil, la postura d elos reclusos enfrentan un escenario de dificultad colosal.
Es que, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1927, por ejemplo, sostiene que un presidente tiene el poder de conceder indultos y perdones, y "no se requiere el consentimiento del convicto".
"La gran mayoría de los reclusos en el corredor de la muerte federal estaban agradecidos por la decisión de Biden, que está autorizada constitucionalmente y es absoluta", sumó por su parte el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Robin Maher.
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Agofsky fue condenado por el asesinato en 1989 del presidente de un banco, Dan Short, cuyo cuerpo fue encontrado en un lago de Oklahoma. Los fiscales federales dijeron que tanto él como su hermano, Joseph Agofsky, secuestraron y mataron a la víctima antes de robarle 71.000 dólares.
Davis, un ex oficial de policía de Nueva Orleans, fue encontrado culpable por el asesinato en 1994 de Kim Groves, quien había presentado una denuncia contra él acusándolo de golpear a una adolescente en su vecindario de Lower Ninth Ward. Los fiscales dijeron que contrató a un traficante de drogas para matar a Groves y acusó al oficial de violar los derechos civiles de Groves. La sentencia de muerte original de Davis fue anulada por un tribunal federal de apelaciones, pero fue restablecida en 2005.
