La creación de un nuevo departamento y dos divisiones dentro de la Intendencia de Montevideo (IM) encendió el debate en la Junta Departamental y derivará, presumiblemente, en la Cámara de Diputados. En su proyecto de presupuesto, la IM propuso la creación del Departamento de Coordinación Institucional y las divisiones de Área Metropolitana y Compras (actualmente Gerencia de Compras). La Junta lo aprobó, pero con una mayoría que, según el Tribunal de Cuentas (TCR), no es suficiente.
La primera votación, en marzo, se aprobó con 18 votos sobre 31 ediles: todos los frenteamplistas más el edil opositor independiente Guillermo Kruse. El resto de la oposición advirtió en ese momento que no se había alcanzado la mayoría de tres quintos (19 ediles) exigida por la Constitución para la creación de cargos de particular confianza.
El proyecto pasó luego al Tribunal de Cuentas, que realizó varias observaciones. Sobre estos artículos específicos, el organismo expresó: "En cuanto a dichos cargos de director creados, revisten la calidad de cargos de particular confianza; no se han verificado las mayorías requeridas para su aprobación, no dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución de la República, que requiere la votación de tres quintos del total de componentes de la Junta Departamental".
Las resoluciones del TCR no son vinculantes. Por eso, la bancada frenteamplista —nuevamente con el voto de Kruse— aprobó de forma definitiva el proyecto de decreto de presupuesto el jueves pasado, con la misma mayoría simple.
El edil blanco Juan Ignacio Abdala cuestionó el método y la pertinencia de las nuevas direcciones, y aseguró que la IM está “creando más cargos políticos y burocracia”.
“Les preguntamos al director de Gestión Humana si implicaba tomar gente nueva. A priori nos dijeron que no se presenta la necesidad urgente de tomar personas. Mentira: si creas un departamento no lo vas a dejar sin funcionarios. Esto es agrandar el aparato burocrático”, cuestionó en entrevista con El Observador.
Además, Abdala vinculó la creación del Departamento de Coordinación Institucional a un supuesto "balance político" dentro del Frente Amplio: la IM tiene en su cabeza al seregnista Mario Bergara, pero a su lado está la influyente presencia de Justo Onandi como representante del MPP, sector que, con su respaldo, fue decisivo para la elección de Bergara.
"Hoy, en el organigrama, (Coordinación Institucional) es una unidad, jerárquicamente es lo mismo que la nada. Ahora se lo convierte en departamento, igual que Movilidad, que Desarrollo Ambiental. Quieren darle peso institucional como si fuera un jefe de gabinete”, expresó Abdala.
El edil -y abogado- frenteamplista Juan Ceretta ofreció una lectura distinta del artículo constitucional.
Argumentó que el inciso segundo del artículo 62 habla de que es necesaria la mayoría especial para "calificar" un cargo como político o de particular confianza, y que esa calificación ya se realizó por unanimidad al votarse los artículos 100 y 102 del digesto municipal. "El artículo que aquí observa, erróneamente, el Tribunal de Cuentas, crea un departamento que naturalmente va a tener a alguien ocupando un cargo. Me parece claro que el requisito constitucional es la calificación del cargo como político, y ese requisito ya fue cumplido", sostuvo.
El departamento de Jurídica de la Junta Departamental reconoció que "se abre la duda" por la existencia de dos interpretaciones jurídicas posibles, aunque aclaró que "si se quiere recorrer un camino más estricto", se debería contar con la mayoría de tres quintos, según el informe al que accedió El Observador.
Con ese panorama, Abdala anunció que la oposición solicitará la aplicación del artículo 303 de la Constitución una vez que transcurran 15 días de la promulgación del presupuesto. Esta norma habilita a las juntas departamentales a derivar un caso a la Cámara de Diputados para que los legisladores nacionales resuelvan. Para activarlo, basta con que un tercio de la Junta lo vote —algo que la oposición, que cuenta con esa cantidad de ediles, tendría garantizado. De confirmarse el mecanismo, la Cámara Baja tendrá 60 días para expedirse. Si no lo hace en ese plazo, la norma quedará aprobada automáticamente.
La defensa de la IM
Desde la IM defendieron, en diálogo con El Observador, los cargos creados. Se apuesta, indicaron, “al fortalecimiento institucional" en "áreas identificadas donde la intendencia necesita mayores capacidades de articulación y coordinación para dar respuestas integrales a problemas cada vez más complejos y metropolitanos".
En el caso de la Coordinación Institucional, se apunta “a mejorar la articulación entre departamentos de la IM, pero también con otros niveles de gobierno y con la Junta Departamental”. Abdala coincidió en que el trabajo de Onandi, desde su cargo actual, ha sido el diálogo con los ediles opositores y las alcaldesas blancas Matilde Antía (Municipio CH) y Mercedes Ruiz (Municipio E).
En cuanto a la División Área Metropolitana, desde la IM señalaron que la creación “responde a que muchos desafíos -movilidad, transporte, recursos hídricos y ordenamiento territorial, entre otros- trascienden a los límites departamentales y requieren planificación y coordinación metropolitana”.
Finalmente, en el caso de la División Compras, se argumentó que la IM necesita “fortalecer la capacidad de gestión, seguimiento y eficiencia” del área por la “escala y complejidad del volumen de licitaciones, adquisiciones y procesos de compra que gestiona la comuna”. Actualmente la Gerencia de Compras se encuentra sin referente, luego de la renuncia días atrás por motivos personales del dirigente comunista Gustavo Cabrera, que ocupó ese cargo, además durante las administraciones de Ana Olivera y Daniel Martínez.
