Las tarifas en los puntos de carga de la red pública de la empresa quedarían acompasados a sus costos reales antes de terminar el año
En diciembre y enero pasados, los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en los puntos de acceso público de UTE tuvieron dos ajustes consecutivos de 5% y 4%, respectivamente.
Sin embargo, como las tarifas siguen desfasadas respecto a los costos reales del servicio, la empresa estatal planea aplicar nuevas correcciones antes de fin de año para equilibrar los valores.
“Vamos soltando de a poco las pequeñas bonificaciones que tenían. Nadie dejó de comprar autos eléctricos por eso. (…) Pensamos, al terminar el año, tener lo que vale la tarifa”, afirmó el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, en declaraciones al programa Quien es Quien de Diamante FM y Canal 5.
Como informó El Observador, los informes técnicos ya han argumentado que los precios vigentes presentan “desvíos” frente a los costos reales del servicio y que los ajustes apuntan a corregirlos de forma gradual, “sin afectar de manera sensible” el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los autos a combustión.
En diciembre pasado se había encomendado a la gerencia general a poner en consideración al menos dos ajustes en 2026 “con el objetivo de dar continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.
La última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo como pasa habitualmente con cuestiones tarifarias. Los precios están alrededor de 30% por debajo de los costos, según se informó a El Observador.
Hoy en día, el precio base es de $ 54,8 en los puntos de carga de corriente alterna (carga lenta) y de $ 132,9 en los de corriente continua (carga rápida). Este precio base funciona como una “bajada de bandera” y se cobra por conectarse al punto de carga.
En tanto, el precio de cada kWh consumido durante la carga es de $ 10,4 en los puntos de carga de corriente alterna y de $ 11,8 por kWh en los de corriente continua.
Por su parte, el cargo por tiempo sin carga —que se aplica luego de 20 minutos de que el vehículo esté conectado al equipo sin iniciar la carga— es de $ 9,6 y $ 12,3 por minuto, respectivamente, según datos oficiales.
En otra parte de la entrevista, Bentancor remarcó que con la medida también se buscaría “equiparar las tarifas”, porque las que hoy ofrece la estatal son más baratas que en los puntos de carga privados y eso desestimula la expansión de cargadores por parte de esos agentes.
Consultado sobre cómo planean motivar a los privados, Bentancor fue tajante: "Es fácil, vamos a aumentar la nuestra. No la vamos a bajar", apuntó.
El año pasado, representantes de empresas privadas del sector habían comparecido en el Parlamento para señalar que las condiciones impuestas por UTE dificultan la inversión de privados.
En esa instancia legislativa expusieron detalladamente el desfasaje de precios, argumentando que la empresa pública les vende la energía a ellos como mayoristas a un precio más caro de lo que luego se la cobra subsidiada a los clientes finales (gracias a los descuentos residenciales y para aplicaciones de transporte por ejemplo).
Ante los parlamentarios, el sector advirtió que bajo ese modelo monopólico y de fijación de tarifas cruzadas es imposible desplegar la red que el país necesita para acompañar el crecimiento de autos eléctricos.
Asimismo, se señaló que la instalación en la vía pública es un terreno vedado porque la Intendencia de Montevideo no otorga permisos, dado que solamente UTE los coloca, por lo que los privados solo pueden instalar en predios privados de acceso público, como shoppings, supermercados, estaciones de servicio o empresas con flotas propias.
La eliminación de la bonificación tarifaria en puestos de carga de la empresa se daría en un contexto en el que el gobierno central también se apresta a aumentar la carga tributaria sobre los vehículos eléctricos.
Amparado en la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa volver a gravar a los autos eléctricos 0 km con el Impuesto Específico Interno (Imesi).
Estas unidades estuvieron gravadas con una tasa de 5,75% hasta 2022, cuando se eliminó como forma de dar un tratamiento tributario consistente con una política de eficiencia energética y de promoción de tecnologías amigables con el ambiente. Por ese tiempo, la flota de eléctricos particulares rondaba apenas las 700 unidades.
Días atrás, el ministro Gabriel Oddone recordó que las ventas de automóviles eléctricos e híbridos en el primer trimestre del año fueron mayores que las de combustión.“¿Qué demuestra esto? Que los estímulos tributarios que los gobiernos han puesto sobre la mesa para vehículos eléctricos han tenido un resultado extraordinario”, subrayó.
Con esa base sostuvo que ese tipo de beneficios deben moderarse cuando el producto ya logró instalarse en el mercado y agregó que las modificaciones que se analizan afectarían a los vehículos eléctricos de alta gama, para los que “no hay ninguna razón para estimular” la compra.
En enero pasado UTE también eliminó una bonificación del 30% en el consumo eléctrico sobre el precio del kWh, que regía para los usuarios particulares que cargaban en la vía pública. Al caer ese descuento tarifario y sumarse los otros dos ajustes, el precio de carga del vehículo vigente hoy se encareció 56% al comenzar el año.
