¿Se trata de una idea de trasnochados que no saben cómo funciona la economía global y que quieren meter mano en un dinero que conviene no andar toqueteando?, ¿es una iniciativa seria que, de concretarse, podría significar un golpe a la extrema pobreza en el país?, ¿quién tiene razón: el ministro de Economía, Gabriel Oddone que rechaza el impuesto, o el también moderado de izquierda, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, que lo estima “razonable”?
Embed - Impuesto a los más ricos: un debate incómodo que enfrenta a Oddone con Bergara
Hay más preguntas que respuestas en torno a la propuesta del PIT-CNT, lanzada oficialmente el lunes 24, de aplicar un impuesto a los uruguayos con un patrimonio mayor al millón de dólares con el objetivo de destinar ese dinero al abatimiento de la pobreza infantil.
Pero, en un país donde se suele debatir sobre intrascendencias, sería un pecado dejar pasar la oportunidad de discutir a fondo una iniciativa que expone asuntos pesados y que interroga a los políticos acerca de quién debe pagar el costo de una marginalidad que no cede.
La propuesta fue lanzada el mismo día que el Parlamento uruguayo le dedicó más de 14 horas a la interpelación de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza.
Claro, el ataque y la defensa del proceder de un funcionario –un asunto más bien lejano al interés de las mayorías– resulta más sencillo de abordar que la aplicación de un impuesto que significaría –según sus impulsores- la recaudación anual de US$ 700 millones de dólares y que, según sus detractores, les daría un susto tal a los inversores que saldrían corriendo hacia otros países más hospitalarios con ellos.
A grandes rasgos, lo propulsores del “impuesto a los más ricos” proponen la creación de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que alcanzaría a unas 25 mil personas con patrimonios de entre US$ 1 millón y US$1.000 millones. Con esa sobretasa, que no pesaría sobre los “activos destinados a actividades productivas”, se recaudarían unos US$ 700 millones anuales que se volcarían a un fondo estatal para atacar la pobreza infantil. En Uruguay, uno de cada tres niños menores de seis años son pobres.
La iniciativa interpela antes que nada al gobierno de Yamandú Orsi quien junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone, y a la mayoría del MPP, considera inconveniente el impuesto que, a su vez, tiene el respaldo del Partido Comunista, el Partido Socialista y la lista 711.
Si bien a nivel de sectores el apoyo al impuesto es minoritario, los dirigentes frenteamplista que recorren los comités de base reconocen que las preguntas y los respaldos en la militancia de izquierda hacia ese gravamen son moneda corriente.
Además, este martes el intendente de Montevideo y exministro de Economía, Mario Bergara, opinó que la propuesta “es razonable y seria” y que “seguramente será analizada por el gobierno”.
Bergara, un referente de los sectores moderados del Frente, rechazó en la diaria radio que la iniciativa “sea espanta inversiones”. También la Vertiente Artiguista se ha mostrado dispuesta a acompañar una solución de ese tamaño.
Blancos y colorados expresaron su rechazo a este impuesto y diversos economistas han advertido que los poseedores de grandes capitales se escaparán corriendo del Uruguay o encontrarán la forma de evadir impuestos.
Se preguntan, además, quien asegura que el Estado será eficiente en la inversión del dinero, en caso de que se aplique el impuesto y se logre el objetivo de recolectar millones de dólares sin que nadie se sienta esquilmado.
El debate acerca del impuesto a los más ricos resulta incómodo porque al fantasma posible de la fuga de capitales lo antecede una pobreza tangible que amenaza con terminar de romper el tejido social ya bastante rasgado.
Como sea, vale la pela mover el avispero. Sobre todo frente a un gobierno que no se destaca precisamente por su audacia. En una entrevista con el programa de streaming La fórmula, el politólogo Adolfo Garcé dijo que el presidente Orsi “está liderando el gobierno menos ambicioso en los últimos 40 años”. “Lo que hizo este gobierno fue tirar hielo hasta dejar congeladas las expectativas de que haya algún cambio”, opinó.
Entonces, el tan cuestionado impuesto a los ricos puede servir, al menos, para que se discuta si el Uruguay debe ser previsible hasta el punto de convertirse en un país blindado a cualquier novedad que se dibuje en el horizonte.
Porque, entre otras cosas, uno de los sustentos de las democracias supone que cada tanto la gente tiene la posibilidad de elegir entre la continuidad y el cambio. Y si vota por el cambio y este no llega, entonces se estará avalando aquel dicho popular que afirma que, al fin y al cabo, los políticos son todos iguales.
