Líos internos en Cancillería por cambios en las reglas del juego a los funcionarios

Varias de las nuevas disposiciones que el gobierno pretende introducir con la modificación del estatuto que rige la actividad del servicio exterior generaron resistencias por parte de funcionarios de la cancillería.

En una asamblea de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior de Uruguay (Afuseu) realizada este martes de mañana y en la que había unas 45 personas quedó claro el rechazo que los profesionales de esa cartera manifiestan a algunas de las propuestas que la administración busca incorporar.

Los secretarios de tercera –el grado más bajo dentro del servicio exterior– manifestaron su disconformidad con el artículo que prevé que no podrán ser destinados a prestar funciones en el exterior hasta tanto acrediten una antigüedad mínima de tres años.

También expresaron sus reparos con la regulación prevista para su primera asignación para el exterior, que pretende que se desarrolle en destinos de diferente categoría durante dos trienios consecutivos. "El destino a asignar a la/el funcionaria/o en el exterior para el segundo trienio será objetivo de evaluación y propuesta del Poder Ejecutivo", establece el proyecto.

Un tema que generó sensibilidad en la asamblea fue la propuesta del Ejecutivo de aumentar la edad de retiro a 72 años para ciertos cargos (ministro consejeros, ministros y embajadores), en tanto que la edad de retiro para secretarios y consejeros se mantiene en 70 años.

La mayoría de los participantes de la asamblea se manifestaron contra la discriminación en la edad de retiro según el cargo. Sin embargo, no hubo coincidencia en si la finalización de la carrera por edad para los profesionales del servicio exterior debe ser 70 o 72 años.

También se manifestó disconformidad con la intención de aumentar los años que una persona debe tener de antigüedad en un grado para poder ascender. Quienes son secretarios de tercera y segunda deben esperar, en la actualidad, tres años para estar habilitados para ascender y el resto lo hace cada cuatro años. Lo que se procura es que todos deban esperar cuatro años.

El proyecto establece en su artículo 22 que "las y los funcionarios que se nieguen a cumplir con los destinos que se les acordaren" pueden pasar a estar en situación de "disponibilidad" (funcionarios que en forma transitoria dejan de prestar funciones en el ministerio).

En esta situación pasarán a percibir la mitad del sueldo de su cargo presupuestal, no podrán ser ascendidos y no se computará el tiempo transcurrido a efectos de la rotación o la antigüedad. Podrán estar hasta un máximo de seis meses en esta situación, que acabará cuando la cancillería otorgue un nuevo destino en el exterior o en Montevideo.

Sin embargo, el proyecto establece, en su artículo 28, que "las y los funcionarios cesarán de pleno derecho en su cargo" en caso de que la situación de disponibilidad exceda los seis meses. Es decir: si transcurrido el tiempo previsto el funcionario se vuelve a negar a ir a determinado destino, el ministerio podrá echarlo. La semana próxima habrá una nueva asamblea, en la que se votará una propuesta de los funcionarios a la administración.