El gobierno prefiere las francesas para comprar la nueva y está cerca de adquirir a Reino Unido dos usadas
Yamandú Orsi
FocoLa rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica (OPV) para la Armada se transformó, en lo que va del gobierno de Yamandú Orsi, en la principal disputa entre oficialismo y oposición.
La decisión fue comunicada por el mandatario en una conferencia de prensa de la que este miércoles 22 se cumple un año e inmediatamente desató críticas cruzadas, principalmente entre frenteamplistas y blancos, con acusaciones que derivaron en una comisión investigadora en el Parlamento, dos denuncias penales y un juicio civil.
A 365 días de ese anuncio, la administración de Orsi aún no ha resuelto a quién le comprará la OPV nueva pese a que hay una oferta que es vista con muy buenos ojos en el Poder Ejecutivo y tampoco ha determinado si adquirirá buques similares usados aunque también hay una preferencia clara dentro del Ministerio de Defensa.
Aunque surgió información nueva, ya sea por averiguaciones que fue haciendo Presidencia o material aportado por Defensa y los partícipes en la comisión investigadora, ninguno de los bloques se ha movido de sus planteos iniciales.
El oficialismo señala que el gobierno de Luis Lacalle Pou actuó mal al seleccionar a Cardama y aceptar garantías que eran falsas, mientras que la oposición menciona que la construcción se venía haciendo de forma correcta por lo que no había razones para rescindir.
Ambos bloques han llevado sus conjeturas también al plano judicial.
En el caso del Frente Amplio ha pedido a Fiscalía que investigue “hechos y actos con apariencia delictiva”, tal como señala el informe aprobado por el Parlamento tras la comisión investigadora de la Asamblea General. La denuncia contra Cardama fue realizada por el gobierno y el texto de los legisladores comprende tanto a “funcionarios públicos” como a “particulares, nacionales y extranjeros”.
El caso está siendo investigado por el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez. Ya declararon algunos de los militares involucrados (Jorge Wilson, Héctor Magliocca y Gustavo Musso) y en los próximos días habrá más citaciones. Además de ellos, el fiscal indaga el rol que tuvieron cuatro jerarquías de Defensa: los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector Fabián Martínez y el exjefe de recursos financieros, Damián Galó.
A su vez, la oposición denunció a la ministra Sandra Lazo y dos de sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia por usurpación, abuso de funciones, utilización indebida de información privilegiada y revelación de secretos.
Legisladores blancos, colorados e independientes acusaron a Rojas y Marsiglia de presentarse públicamente y actuar como “asesores” de la ministra durante tres meses sin “contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. En la documentación presentada, señalaron que no tenían vínculo formal con Defensa cuando hicieron indagatorias –“pesquisas”, a su juicio– y de haber “manipulado información oficial y reservada en forma ilegítima” ya que accedieron a datos confidenciales pese a que estaban nombrados de palabra porque sus contratos no habían sido firmados. Esas intervenciones derivaron en sanciones al almirante retirado Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz, y el capitán de navío Marcelo da Silva.
En tercer lugar, el Ejecutivo entabló un reclamo en la vía civil porque busca recuperar unos US$ 30 millones invertidos.
En medio de este tiroteo, la administración de Orsi ha ido explorando opciones para sustituir a Cardama y firmar contratos para que la Armada tenga buques para patrullar.
En este sentido, según supo El Observador, en el gobierno se inclinan por comprarle a Reino Unido dos buques usados de la clase River que pertenecen a la Marina Real inglesa, al tiempo que se decantan por Naval Group para encargarle la construcción de una OPV.
La intención es llegar a acuerdos antes de fin de año y conformar un sistema –al decir de Lazo– que mejorará sustantivamente la situación de la Armada, ya que podrá patrullar las profundidades del mar uruguayo.
En el caso de la OPV, permitiría la custodia de la totalidad de las aguas jurisdicción nacional hasta las 350 millas náuticas y el área de responsabilidad de búsqueda y rescate marítimo (SAR) hasta las 2.000 millas náuticas. Su costo está estimado en el entorno de los US$ 100 millones
Los buques ingleses, en tanto, se utilizarían para la patrulla en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que va desde las 50 hasta las 200 millas, aunque su incorporación genera diferencias en la Armada.
El jefe del Estado Mayor, José Ruiz, elevó al comandante en jefe José Luis Elizondo un informe crítico que el almirante trasladó a Defensa, mientras que el contralmirante Ismael González –que encabezó la delegación oficial que fue a visitar uno de los buques– realizó otro con una perspectiva favorable.
Los buques fueron puestos en servicio en 2003 –tienen 23 años de antigüedad– y la Marina Real pretende darles de baja en 2028, como parte del compromiso de los países de la OTAN de incrementar su inversión en equipamientos de defensa.
Si bien tienen medidas similares a otras patrullas oceánicas –eslora de casi 80 metros y 1.800 toneladas de desplazamiento–, el gobierno considera que “no son OPV” ya que no cuentan con hangar para embarcar helicóptero ni un cañón de 76 mm.
La intención del gobierno es definir las compras a la brevedad para poder anunciarlas antes de fin de año.
