14 de octubre de 2026 15:15 hs

La Coalición Republicana denunció que hubo una "operación política para terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas" (OPV por sus siglas en inglés) encargadas al astillero español Cardama en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La administración de Yamandú Orsi decidió rescindir el contrato con la empresa.

La oposición aseguró en una conferencia de prensa realizada este miércoles —cuando la Asamblea General discutirá el tema— que mientras funcionó la comisión investigadora ninguna de las personas citadas mencionó que hubo corrupción en la firma del contrato con Cardama.

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En el Frente Amplio, en cambio, habían afirmado que Cardama es el "principal responsable", pero también destacaron que la investigación expuso "responsabilidades políticas" de la anterior administración, en especial, del expresidente Luis Lacalle Pou y reclamó que los antecedentes sean considerados por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales.

Además, de estos dos informes que se pondrán a discusión en la Asamblea General, el partido de Gustavo Salle presentará otro informe, algo que también hará Cabildo Abierto. Es así que la Asamblea General tratará cuatro informes resultantes de esta comisión, aunque, en principio, ninguno tiene los votos suficientes para aprobar el suyo, si es que el quórum se mantiene en 99.

"Hoy culmina el trabajo de la comisión investigadora, que tuvo 17 sesiones y que comparecieron 23 personas. Y es muy importante destacar que ninguna habló de corrupción, de coimas, de favorecimiento de empresas, ni de acto ilícito de ningún tipo por parte de los jerarcas del gobierno que llevaron adelante la adquisición y la futura construcción de las patrulleras oceánicas", dijo este miércoles en rueda de prensa el diputado blanco Gabriel Gianoli.

"Todas esas cuestiones que buscó enlodar al gobierno de Luis Lacalle Pou y la figura de los ministros García y Castaingdebat, queda por el suelo con la transparencia y con los datos. Esta comisión hoy y este equipo va a hablar de los hechos, son contundentes", agregó el dirigente opositor.

El nacionalista calificó la decisión del gobierno de "un trabajo lamentable que se inició en la transición y luego en el inicio del gobierno, en la búsqueda de una operación política para terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas y de la obra del gobierno de Luis Lacalle Pou".

La coalición de izquierda había señalado que la investigación debe avanzar para determinar "la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros". Uno de los principales planteos fue que, durante la investigación parlamentaria, aparecieron hechos que no habían sido denunciados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, mencionaron la constitución de las garantías, la documentación falsa presentada por la empresa y los pagos efectuados por el Estado.

El senador del Partido Nacional, Javier García, quien fue ministro de Defensa durante parte del anterior gobierno afirmó que "en la versión taquigráfica de la Comisión Investigadora está demostrado con absoluta claridad la operación política y la legalidad de todo el proceso". "En 23 testimonios, 23 personas, todos abonaron la legalidad", agregó.

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, dijo que a la comisión "el Frente Amplio llegó instalando el relato de la corrupción, pretendiendo dañar personalmente al exministro García, al exministro Castaingdebat y al expresidente de la República Lacalle Pou". "Fueron por lana y vuelven esquilados", mencionó el opositor, esto debido a que a su entender, "el único acto de corrupción que se ha evidenciado es el montado por la señora ministra Lazo, que a partir del 1° de marzo instaló en el Ministerio de Defensa Nacional un grupo de pesquisas ilegales, que interrogó y sugirió sanciones a almirantes", agregó, entre otras cuestiones.

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