La Presidencia de la República entregó información de solicitud de arbitraje internacional que el astillero español Cardama inició contra el Estado uruguayo por la cancelación del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas, en la que la empresa extranjera denunció ser perjudicada y reclama "la diferencia que se le adeuda" como también "daños y perjuicios", contó el diputado Pablo Abdala.
Este diputado del Partido Nacional había presentado el 29 de mayo una solicitud de acceso a la información para conocer los detalles. La misma había sido denegada y el caso desembocó en una audiencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuarto Turno en que la Presidencia finalmente dio lugar al pedido de Abdala, antes que se dictara un fallo.
El legislador contó a El Observador que "Cardama hace un relato de todo el proceso a partir del 22 de octubre", día en que la actual administración anunció la recisión del contrato, y alega que "se considera perjudicado, denuncia al gobierno y al Uruguay como incumplidor del contrato de construcción de las dos patrulleras".
"Considera que la garantía de fiel cumplimiento del contrato no era razón suficiente para haber terminado con el contrato. Porque además hizo intentos, y menciona al doctor Gonzalo Fernández, para subsanar esa garantía imperfecta, en el marco de un contrato que se estaba desarrollando con total normalidad. Cuyo objeto principal que era la construcción de las patrulleras se estaba cumpliendo", contó Abdala sobre la postura del astillero en la demanda, a la que accedió el lunes.
"Reclama por lo tanto, por considerarse perjudicado, el pago de la diferencia que se le adeuda, según su criterio en relación al monto del contrato. Más los daños y perjuicios, que no los estima, pero los deja abiertos para que se dilucide en el propio proceso arbitral", agregó el diputado sobre el pedido de Cardama.
El representante dijo que el astillero cobró aproximadamente US$ 30.000.000 de los US$ 80.000.000 que tenía estipulado. "Está reclamando la diferencia del monto del contrato, que son unos US$ 50.000.000 aproximadamente". Si bien la demanda no menciona un número, "el pago de la diferencia se deduce en función del monto del contrato y lo que ya se pagó", agregó.
Por otra parte, "el gobierno contestó en términos de alegar el incumplimiento de Cardama por la garantía de fiel cumplimiento de contrato, también por la garantía de reembolso", según Abdala. "El argumento del gobierno se centra en desconocer la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional y del arbitraje internacional para dirimir esta cuestión", agregó.
Según el nacionalista, el Estado "anuncia también que va a reclamar daños y perjuicios", aunque "no pone montos". "Se considera perjudicado y reclama el reembolso de lo que ya pagó", sentenció.
El diputado realizará una conferencia de prensa en el Parlamento este martes para ampliar más detalles del caso.
