“Yo hubo un momento en el que vi peligrar el acuerdo”. Mientras espera por una resolución del Tribunal Europeo de Justicia, el eurodiputado español del Partido Popular Gabriel Mato no duda en afirmar que la decisión de mandar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur a la Justicia fue beneficiosa para los intereses de los impulsores del tratado y una especie de “efecto búmeran” para los detractores.
Porque el resultado de la votación, prevista inicialmente para este mes de junio, sobre si ratificar o no el acuerdo no estaba claro y tratado podía caer. “Si se votaba ahí era voto a voto. Ahora yo confío que cuando venga todo el mundo dirá que fue un buen acuerdo”, dijo Mato en una charla con periodistas del Mercosur en el Parlamento Europeo de la que participó El Observador invitado por la Unión Europea.
Tanto en el Parlamento como en la Comisión Europea estiman que la votación sobre la ratificación del acuerdo será a fines de 2027, con un fallo favorable de la Justicia, y para entonces la parte comercial del tratado –que es la que genera cuestionamientos por parte de algunos sectores productivos– ya tendrá un recorrido de un año y medio lo que ayudará a disipar dudas. “Yo creo que podremos mostrar cuando venga en un año y medio o dos una fotografía que indique que el acuerdo es bueno”, agregó Mato que es el vocero en el Parlamento de la parte comercial del tratado.
Y el eurodiputado, que se jacta de hablar “muy claro”, asegura que la decisión de mandarlo a la Justicia fue “dilatoria” pero que la impulsaron por desconocimiento sobre lo que decía el texto. “Mucho más allá de eslóganes, no se habían leído los papeles y no sabían (los detractores) que el acuerdo ya contemplaba la aplicación provisional”, apuntó.
La parte comercial del acuerdo entró en vigor de forma provisional a partir de mayo de este año y así seguirá funcionando hasta que sea ratificado por el Parlamento del bloque comunitario. La parte política y de cooperación también puede comenzar a aplicarse provisionalmente pero para eso es necesario que lo aprueben los parlamentos del Mercosur algo que aun no sucedió.
Para su ratificación final, los capítulos de cooperación, además, tienen que pasar por los parlamentos nacionales de los 27 países miembros de la Unión Europea y si alguno no lo aprueba podría complicar todo el acuerdo. Sin embargo, en Bruselas confían en que todos los parlamentos, más tarde o más temprano, van a ratificar la parte de cooperación porque los cuestionamientos son hacia los aspectos comerciales.
Preocupación
Con el acuerdo vigente y pese a que algunos intercambios de bienes comenzaron a funcionar de forma adecuada, desde el bloque sudamericano empezaron a ver con preocupación algunos movimientos europeos que, entienden, generan medidas paraarancelarias. A tal punto llegó esa preocupación que a fines de mayo los cuatro países del Mercosur plantearon su “gran preocupación” ante dos medidas que califican de proteccionistas.
Distintos representantes del servicio exterior del bloque europeo con los que pudo conversar El Observador en el marco de la invitación de la Unión Europea le quitaron relevancia a estas medidas y aseguraron que no afectan el acuerdo al mismo tiempo que se mostraron abiertos a conversarlas con su contraparte sudamericana.
“Claro que lo vamos a hablar con el Mercosur. Lo vamos a hablar y vamos a tratar de buscar soluciones”, dijo un alto representante del servicio exterior europeo que participó de las negociaciones.
Tal como informó El Observador, los embajadores de los cuatro países sudamericanos, que se reunieron el pasado 20 de mayo en Asunción en el marco del Grupo Mercado Común, señalaron su preocupación por la evolución normativa del concepto “Cambio Indirecto del Uso del Suelo” introducido en las últimas semanas por la Unión Europea así como también por las modificaciones introducidas a la importación de acero.
Sobre el primer punto, el bloque apuntó contra “las implicancias económicas, comerciales y sistémicas que podría generar la reclasificación de la soja como producto de elevado riesgo” del Cambio Indirecto del Uso de Suelo, una situación que puede afectar directamente las exportaciones de Argentina hacia el viejo continente. Categorizar la soja como de alto riesgo implica que las exportaciones de de biodiesel de soja o aceite de soja tengan más dificultades para ingresar al viejo continente.
Desde el bloque europeo dijeron que “el problema” es que el reglamento de la UE, que ahora incluye a la soja, establece que los productos que generen un cambio indirecto en el uso del suelo no pueden beneficiarse de algunas subvenciones. No es que no se pueda exportar más esos productos sino que los importadores no van a recibir algunos beneficios que reciben aquellos que importan otros biocombustibles que no entran dentro de esa clasificación.
Desde la Unión Europea defendieron que ese reglamento ya fue cuestionado por otros países asiáticos ante la Organización Mundial del Comercio y que la Unión Europea ganó el caso. “Tenemos derecho a limitar las subvenciones a productos que generan cambios en el uso indirecto del suelo”, aseguró la misma fuente.
Respecto al caso de la soja, agregó que lo que “hay que trabajar” a partir de ahora es en las “excepciones” y que Argentina pueda demostrar que su producción no genera impacto.
Por otro lado, los países del Mercosur manifestaron “su gran preocupación ante la intención de la Unión Europea de abordar la situación de su industria siderúrgica mediante la adopción de una medida que, a partir del 1 de julio de 2026, prevé el acceso a través de contingentes arancelarios y establece aranceles fuera de contingente de hasta el 50%”.
Los socios del bloque sostuvieron que estos aranceles “no solo tendrían un efecto adverso en los flujos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, sino que también podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos” europeos en virtud del acuerdo comercial “tan solo dos meses después” de haber implementado su aplicación provisional.
Las fuentes europeas reconocieron que se trata de una medida para “preservar” su industria pero destacan que, a diferencia de otros países como Estados Unidos que aducen cuestiones de seguridad nacional, el bloque comunitario tomó la medida “respetando las normas internacionales”. “Fuimos a Ginebra (sede de la OMC), lo explicamos. Nuestra lectura es que el impacto de la medida no es negativo para las exportaciones de Argentina y Brasil”, dijo el representante del servicio exterior y aseguró que los acuerdos comerciales “están contemplados”. “Esto también lo vamos a hablar con el Mercosur”.
