15 de octubre de 2026 5:00 hs

Las apuestas deportivas se metieron de lleno en la campaña electoral brasileña luego que el presidente Lula da Silva decidiera prohibirlas a pocos días de la primera vuelta que lo llevó al balotaje con Flavio Bolsonaro.

La decisión fue resistida por los principales clubes brasileños –como Flamengo, Palmeiras, San Pablo y Fluminense– que tienen a las casas de apuestas como sponsors destacados, y tuvo a Uruguay como protagonista lateral, ya que antes de tomar la medida autoridades del gobierno brasileño estuvieron en Montevideo conociendo de primera mano la situación, según supo El Observador por fuentes del Poder Ejecutivo.

A su vez, el tema formó parte de la reunión entre Yamandú Orsi y Lula durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York a fines de setiembre. El brasileño contó que le manifestó a Orsi su interés por “conocer la experiencia uruguaya de regulación de las apuestas en línea”.

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La delegación que estuvo en Montevideo fue de Caixa Loterias. Los brasileños, que son los que administran los juegos de lotería en ese país, estuvieron con representantes de la Dirección de Loterías y Quinielas del MEF e intercambiaron sobre la regulación y el funcionamiento de las apuestas en Uruguay.

Una prohibición que viene de lejos

En Uruguay, el juego está prohibido por una ley de 1882 que estableció una excepción en las “loterías y rifas públicas autorizadas”. Algo similar ocurre con los casinos, aunque en este caso el Poder Ejecutivo puede concesionarlos.

A su vez, en la Rendición de Cuentas de 2017, el gobierno de Tabaré Vázquez estableció que a los juegos de azar y las apuestas online los rige el mismo principio de ilegalidad, salvo autorizaciones específicas del Estado. Con esto, el único que quedó funcionando legalmente –para apuestas deportivas– es Supermatch, que funciona bajo el control de Loterías y Quinielas.

Desde entonces, diversos empresarios –Giuseppe Cipriani entre ellos– han venido planteando la necesidad de modificar la normativa y habilitar el juego online, incluido el póker.

En las discusiones, se ha planteado que el sistema pase de uno “cerrado” con autorizaciones específicas a uno “abierto” con explotación libre, en sintonía con lo que ocurría en Brasil.

Con la decisión de Lula, Brasil imitó el sistema uruguayo, en momentos en que el gobierno debe decidir sobre una solicitud de excepción planteada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Un pedido específico

Las autoridades de la AUF solicitaron al Poder Ejecutivo que haya una excepción para el 28 de noviembre, el día en que se jugará la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario.

Esto porque tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como tres de los cuatro posibles finalistas tienen patrocinios millonarios con empresas del rubro.

La intención, comunicada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, es que el MEF emita un decreto que evite las sanciones económicas por promociones en publicidades de las vallas estáticas del campo de juego y en las camisetas de los equipos finalistas. Flamengo (Betano), Palmeiras (Sportingbet) y Fluminense (Superbet) son los semifinalistas que tienen empresas de apuestas como anunciantes.

La solicitud de la AUF ha hecho, a su vez, que se reabra el debate sobre las ganancias que podrían obtener los clubes en caso de habilitarse el sponsoreo de las empresas de apuestas.

En 2022, el economista Eduardo Ache –asesor de la AUF– planteó durante la discusión sobre el proyecto de juego online en el Parlamento que la prohibición de “afecta” a la AUF.

“Eso es clarísimo”, dijo y detalló que habían recibido un planteo –sin negociar de US$ 700 mil anuales–. “Quien maneja ese tema tuvo que responder que la AUF no lo puede hacer, porque hay una normativa que establece que no se puede poner sponsoreo en el Uruguay”, agregó y planteó que si extrapolaba el negocio a clubes como Peñarol o Nacional se podía hablar de entre US$ 4 y 5 millones “como mínimo”.

Hasta este año, la AUF recibía unos US$ 500 mil anuales por el IVA de las apuestas en Supermatch.

Sin embargo, en la rendición de cuentas recientemente votada, el gobierno le quitó esos ingresos ya que distribuyó los dividendos entre la OFI (45%), el Comité Olímpico (25%), la Secretaría Nacional del Deporte (25%) y la Fundación Deporte Uruguay (5%).

Antes, los ingresos se dividían en dos mitades iguales de 50% para la OFI y para la AUF. Ese dinero se destinaba exclusivamente a infraestructura deportiva de divisiones formativas de los clubes afiliados.

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