La Cámara de Representantes estudia un proyecto de ley que propone unificar la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp), en nuevo órgano desconcentrado, bajo la supervisión directa de Presidencia de la República.
Presentado por los diputados Pablo Abdala y Federico Casaretto, del Partido Nacional (PN), y Juan Martín Jorge y Conrado Rodríguez, del Partido Colorado (PC), el proyecto se encuentra ahora a estudio de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha Contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado.
La propuesta apunta a modificar el capítulo 4 de la ley 18.381 (Ley sobre el derecho de acceso a la información pública) y la 18.331 (Ley de protección de datos personales), ambas promulgadas en 2008.
La norma planteada saca a la UAIP y la Urcdp de la órbita de la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), que la tutela como órganos desconcentrados, para ponerla a la par dentro de los organismos dependientes directamente de Presidencia.
“Créase la Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la que se unificarán las funciones de control de Acceso a la Información Pública y de control y protección de Datos Personales, que funcionará como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, dotado de la más amplia autonomía técnica. En el ejercicio de sus competencias, la Unidad no recibirá órdenes ni instrucciones de autoridad alguna”, reza el artículo que busca sustituir el número 19 de la ley 18.381.
Abdala dijo a El Observador que el proyecto retoma el espíritu de un proyecto presentado por el Frente Amplio el período pasado, durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, que durante esta legislatura él y sus colegas del PC sacaron del archivo para volver a poner el tema en la discusión parlamentaria.
El proyecto del Frente Amplio originalmente ampliaba los destinatarios de los pedidos de acceso a la información pública, incluyendo empresas paraestatales, empresas públicas de derecho privado e incluso “cualquier entidad que reciba dineros públicos”. Abdala apuntó que eso incluiría desde un CAIF hasta cualquier contratista que gane una licitación pública.
Al volver a tratar el tema este período, la Comisión de Lavado de Activos recibió al abogado y catedrático Gabriel Delpiazzo. En reunión, tal cómo se indica en la exposición de motivos, este les indicó que en muchos países de la región las competencias de las dos unidades actuales están bajo un único órgano de control.
“La existencia de una autoridad común busca favorecer la coordinación entre transparencia y protección de datos personales, preservando la especialización necesaria para atender cada materia. A su vez, la unificación del asesoramiento consultivo y de los servicios administrativos procura evitar duplicaciones organizativas, sin presumir ahorros ni sustituir la necesidad de recursos suficientes para el cumplimiento de sus cometidos”, plantean los diputados en la exposición.
Los diputados firmantes proponen que sea dirigida por un consejo ejecutivo de tres miembros, designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, con venia del Senado.
“Los integrantes durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser designados nuevamente, por igual procedimiento, por una sola vez en forma consecutiva. Vencido su mandato, continuarán en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores. Solo podrán ser removidos por ineptitud, omisión o delito, mediante resolución fundada del Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, con las garantías del debido proceso. El desempeño de sus funciones será incompatible con el ejercicio de cargos electivos, de particular confianza o de dirección partidaria, y con actividades profesionales que generen conflictos de intereses con sus cometidos”, señala el proyecto, que plantea una presidencia de la Unidad que rote anualmente entre los integrantes del directorio.
El texto recalca que la unificación de ambas unidades “no alterará los respectivos ámbitos de aplicación, procedimientos, garantías ni mecanismos de tutela jurisdiccional, sin perjuicio de las modificaciones expresamente establecidas en la presente ley”.
El consejo ejecutivo de la unidad propuesta estaría asistido por un cconsejo consultivo, integrado por: cinco miembros: “Una persona de reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designada por el Poder Legislativo, que no podrá ser legislador en actividad”, “un representante del Poder Judicial”, “un representante de la Fiscalía General de la Nación”, “un representante del área académica” y “un representante del sector privado”.
