La fiscalía de Delitos Económicos sorprendió a la defensa del exsenador del MPP Charles Carrera, imputado por el caso del Hospital Policial, al insistir con la prisión domiciliaria total y exigirle que se abstenga de hacer declaraciones públicas, tras acusarlo de pretender entorpecer la investigación.
La fiscalía había planteado a la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera que pediría extender las medidas ya fijadas al imputar a Carrera en junio -fijar domicilio y prohibición de salir del país- mientras que la defensa había pedido audiencia para solicitar prueba que la fiscalía le había negado.
Por eso, cuando la fiscal adscripta Elisa Guper -la titular Sandra Fleitas estaba de licencia- planteó que insistiría con pedir el arresto domiciliario total porque "hubo una modificación de las circunstancias" y que Carrera se abstenga de realizar comentarios o apreciaciones relacionadas con la investigación en medios públicos, la defensa puso reparos y dijo que ese no era el motivo por el que se los había convocado.
La fiscal alegó que "el imputado tendía a intimidar a los testigos, incluso a los actores en esta investigación" y mencionó que denunció a la anterior fiscal Silvia Porteiro, denunció a la fiscal de Corte, titular de la Fiscalía General de la Nación ante el MEC, y ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), "también en organismos internacionales, lo mismo a través de la prensa, se anunció que se iba a realizar una denuncia contra la fiscal Fleitas por abuso de funciones, en razón de que había solicitado la formalización a los 10 días de que había asumido el cargo. Y últimamente se presentó una denuncia contra un testigo calificado que es el oficial del caso de esta investigación que hace tan sólo cuatro meses que se encuentra a cargo de la investigación".
Guper afirmó que todas esas denuncias "están dando una imagen y están influyendo a genera un temor en el resto de los testigos, muchos de los cuales son funcionarios todavía del Hospital Policicial o del Ministerio del Interior y otros ya son retirados". "Ahora tenemos un entorpecimiento efectivo que lo que en un inicio era una sospecha", dijo e hizo referencia a "audios un poco inquietantes", en relación a expresiones de Carrera en los medios.
En ese momento la defensa pidió la palabra y dijo que si la Fiscalia pretendía reproducir en la audiencia esos audios se iba a oponer porque no había podido ejercer control previo del material. "No conocemos la procedencia, el origen, la integridad", dijo Juan Manuel González Rossi, defensor de Carrera junto a su colega Lucía Fernández, quien acotó que era "la segunda vez" que llegaban a una audiencia sin la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa.
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La jueza Diovanet Olivera
Inés Guimaraens
En ese momento llegó el primer rezongo de la jueza Olivera, quien les dio un receso para que discutieran sobre la prueba y llegaran a un acuerdo expresó su intención de que las audiencias se realizaran "con decoro". Puso el ejemplo de un juicio que le tocó presidir en el que las partes pese a tener posiciones absolutamente antagónicas, "el respeto entre los litigantes era un ejemplo".
Luego de eso, acordaron dejar para una nueva audiencia el debate sobre esos nuevos hechos que la fiscalía quería poner en debate. En la audiencia de este viernes se extendieron hasta febrero de 2026 las medidas cautelares que ya se aplican al exsenador: fijar domicilio y no salir del país.
Carrera: "Esta causa es armada"
El exsenador del MPP pidió la palabra para responder a la Fiscalía y dijo que "el derecho más elemental de un ser humano es el derecho a defenderse, es un derecho natural". "Yo creo que eso es lo que le estoy ejerciendo. Y lo voy a seguir ejerciendo de todas las formas posibles que lo tenga".
"Yo denuncié a finales de marzo ante el Ministerio del Interior que la causa es armada, y yo creo que la causa es armada por funcionarios del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior para darle las máximas garantías lo envió a Servicio Civil. Yo no he intervenido en nada, no voy al ministerio del interior para nada", aclaró.
Agregó que inició un reclamo a nivel internacional porque considero que cuenta con esa vía y dijo que denunció a la fiscal de Corte porque está convencido de que hubo "una irregularidad en el nombramiento" de Fleitas porque había sido la última fiscal en ingresar a Montevideo.
Sus palabras motivaron que la jueza lo interrumpiera para señalarle que esos temas se van a discutir en la audiencia que se fijó para fin de mes, ante lo que Carrera le pidió disculpas y continuó en silencio.
Carrera fue imputado en junio por los delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada en el caso por hechos de 2012, cuando era director de Secretaría del Ministerio del Interior. En aquel momento dispuso que Victor Hernández, herido de bala en La Paloma, Rocha, supuestamente por el disparo de un comisario fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia.
Jueza accedió a pedir informe a la Jutep y rezongó a la fiscal por cuestionamiento al organismo
La última parte de la audiencia el debate giró entorno a si se le debía pedir o no a la Jutep un informe que los abogados de Carrera solicitaron por escrito a la fiscalía y ésta había rechazado.
González Rossi dijo que el 8 de agosto presentó el planteo a la Fiscalía "para que la Jutep informe sobre una serie de aspectos relativos a dos de los delitos imputados". "La defensa nunca recibió una respuesta de Fiscalía, Ni un llamado a teléfono, ni un mail, nada. Absolutamente nada respecto a ese pedido. Al acceder al expediente judicial en un chequeo procuratorio, la defensa pudo conocer que la Fiscalía había presentado un escrito en esta sede", dijo.
Agregó que en ese escrito a la jueza la fiscalía planteaba que "entendía que la Jutep no era el organismo idóneo para evacuar ese tipo de consultas". Además pedía que la jueza pidiera un informe a la Cámara de Senadores pero la jueza le indicaba que la fiscalía no precisaba de la sede para hacer ese pedido ya que tenía la potestad de hacerlo dentro de la investigación.
Básicamente el planteo de la defensa es que la Jutep informe sobre aspectos teóricos de dos de los delitos que se le imputaron a Carrera (utilización indebida de información privilegiada y fraude) y que informe sobre el bien jurídico protegido, qué características tiene que tener la información de la que el funcionario público hace, hace uso en forma indebida, qué tiene que verificarse para que la utilización sea indebida; y en el caso del fraude qué características tiene que tener el engaño, cuando se configura engaño, entre otros aspectos jurídicos.
Audiencia Charles Carrera
Foto: Leonardo Carreño
Si bien la fiscalía insistió en que no le parecía pertinente pedir ese informe a la Jutep, que la Jutep actúa como asesora de la justicia frente a consultas concretas, y a que la jueza dijo que estaba de acuerdo, igualmente hizo lugar al pedido de la defensa. Argumentó que "la propia Fiscalía fue quien abrió la puerta solicitando un informe al Parlamento, que tampoco tiene como cometido estar asesorando a los jueces o en la materia de lo que tiene que ver con la dogmática penal".
La jueza aclaró que se trata de un asesoramiento o una consulta de parte que en este caso se pide a un organismo especializado como la fiscalía lo había pedido al Parlamento y que en caso de que la Jutep lo responda, más adelante se evaluará si ingresa como prueba al juicio. "Eso hace a las garantías, hace a la transparencia y por lo tanto me voy a inclinar a hacer lugar a lo que está planteando la Defensa y le voy a ordenar a la Fiscalía a que solicite a la Jutep", dijo Olivera.
En ese momento a fiscalía planteó que le llamaba la atención que se pidiera a la Jutep y no se hiciera a los catedráticos que se habían consultado en su oportunidad ya que Carrera presentó informes de juristas sobre el delito de abuso de funciones, a lo que la defensora Fernández le respondió que "más politizado que el Parlamento en todo caso no vamos a encontrar, ¿no?".
Ese planteo motivó otro llamado de atención de la jueza Olivera a la Fiscalía. "No me parece éticamente para todos y sobre todo para los ciudadanos de nuestro país que nosotros empecemos a cuestionar o a dudar de la integridad de nuestras instituciones. Como lo digo para un lado y lo digo para el otro".
"No es la intención cuestionar la integridad de las instituciones", aclaró la fiscal.
"Ese punto me parece que lo deberíamos soslayar porque no me parece que debemos entrar en esas discusiones. Partamos de la base por, así como apelo a que la defensa respete la integridad de la institución Fiscalía General de la Nación y de los fiscales que están a cargo de la investigación, también de las demás instituciones de nuestro país. Si no, se vuelve difícil para todos trabajar", zanjó la jueza antes de poner punto final a la audiencia.
