La Justicia extendió las medidas cautelares para Charles Carrera y hasta febrero deberá fijar domicilio y no podrá salir del país, mientras continúa la investigación en su contra por el presunto uso irregular del Hospital Policial durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio.
El exnúmero tres del Ministerio del Interior tenía estas medidas cautelares por tres meses, pero en la jornada de este viernes se extendieron a cinco meses. En cambio, la Fiscalía de Sandra Fleitas pidió por prisión domiciliaria por 150 días, algo que fue desestimado por la Justicia.
Además de la domiciliaria, según Carrera, la Fiscalía pidió otros requerimientos. "Que no use redes sociales y que no dé entrevistas, porque eso lo que haría es obstaculizar el desarrollo de la investigación", dijo Carrera este viernes en rueda de prensa.
"Eso me preocupa como uruguayo, que el derecho más elemental de un ser humano, que es el derecho a defenderse me lo quieran coartar. Me voy a seguir defendiendo y voy a seguir denunciando", agregó el dirigente del Frente Amplio.
Carrera había sido imputado por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. La imputación fue pedida por la actual fiscal Fleitas, quien sustituyó a Silvia Porteiro
"Lamentablemente fui formalizado por delitos en forma exprés el 11 de junio", contó.
El también dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que no se amparó en fueros que le correspondían por ser senador y que además renunció a su candidatura a la Cámara alta en las últimas elecciones. "Estoy tranquilo, para mí ya gané. Uno no hace política por los cargos públicos, lo hace por servicio", sentenció.
El caso Charles Carrera y el Hospital Policial
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Hospital Policial
Presidencia
La acusación contra el político se remontan a hechos del 2012 cuando un hombre llamado Víctor Hernández resultó herido por una bala perdida en La Paloma. Presuntamente, los disparos fueron efectuados desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial.
Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia. El caso de Hernández ocurrió en 2012 y la internación se extendió entre 2013 y 2017.
"No es delito amparar a una víctima de una bala perdida que todo indicaba en aquel momento histórico que provenía de una casa del Ministerio del Interior, de una fiesta donde estaba el comisario del pueblo, eso no puede ser delito", dijo este viernes Carrera.
Estas acciones, según había apuntado meses atrás la fiscal Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.
Para el dirigente del MPP esta causa se trata de "una persecución política" en su contra. "Creo que esta es una causa politizada, hice una denuncia en vía administrativa que tiene la fiscal desde hace muchísimo tiempo (...) Esto está por tener sus resultados", advirtió el exsenador de la izquierda. También recordó que realizó denuncias internacionales por el tema.
