El exsenador y político del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, presentará este lunes una denuncia contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, por presuntas irregularidades en las designaciones fiscales para su caso, según pudo confirmar El Observador con fuentes políticas.
Según la denuncia informada en primera instancia por el programa Así Nos Va y a la que tuvo acceso El Observador, Carrera apunta que la fiscal tuvo una "actuación manifiestamente irregular" en la designación de fiscales que intervienen en la causa por la que es investigado.
Producto de esto, e invocando el artículo 197 de la Constitución, que faculta al Poder Ejecutivo a suspender actos de jerarcas de organismos descentralizados cuando sean ilegales, el político solicita que se ejerza ese control y se suspendan las resoluciones recientes de la fiscal.
"Constituye una clara y manifiesta irregularidad sustancial que me pone como víctima del ejercicio abusivo del poder público que interinamente tiene asignado la Dra. Mónica Ferrero. La gravedad de esta actuación impone que se accionen los mecanismos de contralor", expone Carrera.
El escrito, que será presentado al Poder Ejecutivo, cuestiona el manejo de dos solicitudes de abstención presentadas por la fiscal Silvia Porteiro los días 5 y 7 de mayo de 2025. Porteiro había solicitado apartarse de la investigación del caso Carrera por "razones de decoro".
Según el escrito, Ferrero de forma "irregular" no resolvió las solicitudes de abstención y, en cambio, el 16 de mayo dispuso el traslado de Porteiro desde la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a la Fiscalía Flagrancia.
Carrera sostiene que en la copia del expediente sobre ese traslado no figura fecha ni sello de ingreso, a diferencia de la documentación de las abstenciones, lo que califica de "alarmante".
"Esto es particularmente llamativo, y debería ser investigado, puesto que los dos escritos de solicitud de abstención de fecha 5 y 7 de mayo de 2025, sí dan cuenta de la fecha en que fueron formulados", expone el documento.
"Esta gravísima irregularidad, que por sí misma expone una clarísima y evidente desviación de poder de la Directora General (interina) de la Fiscalía General de la Nación, debe ser corregida por el Poder Ejecutivo", agrega.
El mismo día del traslado, la Fiscalía decidió no dar curso al pedido de abstención de Porteiro argumentando que los motivos "cesaban" con el cambio de sede.
La defensa de Carrera afirma que esta maniobra permitió a Ferrero designar a la fiscal Sandra Fleitas para continuar con el caso, vulnerando el sistema aleatorio de asignación previsto en la Ley 19.483.
"Todo este actuar irregular y oscuro trajo por consecuencia una elección y digitación oblicua del Fiscal en el caso, en el que la Directora General I, Dra. Mónica Ferrero, en un ejercicio abusivo de sus atribuciones", denuncia.
En este marco, entiende el exsenador, "no hay dudas" de que en la actuación administrativa de Ferrero corresponde "plenamente" el mecanismo de "contralor" del Poder Ejecutivo.
Según pudo saber El Observador, la defensa de Carrera presentará también un escrito ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
El caso Carrera
La acusación contra el político se remontan a hechos del 2012 cuando un hombre llamado Víctor Hernández resultó herido por una bala perdida en La Paloma. Presuntamente, los disparos fueron efectuados desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial.
Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia.
El caso de Hernández ocurrió en 2012 y la internación se extendió entre 2013 y 2017.
Estas acciones, según había apuntado meses atrás la fiscal Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.
La defensa del frenteamplista sostiene que sus acciones fueron motivadas por razones humanitarias y que no constituyen delito alguno.
Por este caso, Carrera fue imputado por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. La imputación fue pedida por la actual fiscal Sandra Fleitas, quien sustituyó a Silvia Porteiro.
