Aunque son varios los proyectos que pasaron por el legislativo a lo largo de 70 años ninguno prosperó y quedaron archivados
“Un gran número de proyectos duermen en los cajones del Palacio Legislativo. Bostezan cuando se acercan las elecciones, pero vuelven a dormir cuando estas pasan”, dice una nota reciente publicada por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay.
Con ello ilustran un reclamo postergado: la jubilación para amas de casa. El registro histórico muestra que desde mediados del siglo pasado se han formulado varios proyectos, ninguno con éxito.
La agrupación sostiene que por tratarse de trabajadoras del hogar que no reciben remuneración “nadie las toma en cuenta”. “Queremos responsabilidad de nuestros parlamentarios, de nuestros gobernantes, en resumen de los políticos. Ese dejar pasar no puede persistir”, dice una editorial publicada en mayo de este año.
El trabajo en el hogar realizado mayoritariamente por mujeres abarca una extensa lista de tareas, como lavar, planchar, cocinar, hace mandados o ir a buscar los hijos a la escuela, entre otras. En ese sentido, argumentan que esas labores, algunas con horario y otras sin ello, si las hace una persona ajena al hogar se consideran trabajo y se remuneran, pero si las realiza un ama de casa ni siquiera se reconoce como trabajo.
Explican que una respuesta habitual que reciben del sistema político es que las arcas del Estado no podrían solventar ese gasto previsional, porque se cree que se pide una jubilación no contributiva, cuando el reclamo pasa porque las personas puedan inscribirse en el Banco de Previsión Social (BPS) haciendo aportes como amas de casa, y no como costureras u realizadoras de otro oficio.
El primer proyecto presentado al Parlamento sobre el tema data de 1955, y fue elaborado por el entonces senador colorado Amílcar Vasconcellos. En años posteriores le siguieron otras iniciativas para incluir a las amas de casa en la seguridad social, que tuvieron como autores a políticos como Sofia Álvarez de Demicheli, en 1980 , Raquel Macedo de Sheppard en 1955, y Hugo Fernández Faingold en 1998, entre otros.
En 2008 la diputada nacionalista Sandra Etcheverry elaboró un proyecto de ley que tenía como forma de financiamiento los aportes de otros miembros del grupo familiar (esposos, hijos o hermanos). El aporte sería de un tercio de lo efectuado por el familiar al BPS o al organismo correspondiente.
"La persona ama de casa, cualquiera sea su estado civil y sexo, ingresará al sistema previsional, aunque no reciba ninguna paga o salario", decía la exposición de motivos del proyecto. El tema se analizó en la Comisión de Seguridad Social de Diputados, pero no tuvo andamiento. Tampoco tuvo apoyo por parte del gobierno de la época.
Dos años después la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa, presentó un proyecto donde se reconocían los derechos laborales de ese colectivo, y la financiación correría con cargo a Rentas Generales, sin aportes.
La propuesta permitiría integrar las actividades domésticas a otras también laborales que se hubieran ejercido anteriormente, al mismo tiempo o posteriormente, para computarlas en los haberes jubilatorios.
Luego en 2017, la diputada del Partido Colorado, Susana Montaner, elaboró una minuta que solicitaba al Poder Ejecutivo que las amas de casa tuvieran derecho a jubilación, basada en los principios de solidaridad intergerenacional del sistema de seguridad social.
Para acceder al beneficio de la ley y tener derecho a la prestación mensual -equivalente a un salario mínimo nacional- sería indispensable la aprobación de la afiliación ante el BPS.
Se ponía como requisitos tener 60 años cumplidos, demostrar ser ama de casa, no tener ni percibir pensión, jubilación u otros ingresos de esas características, y no haber tenido ninguna tarea remunerada a lo largo de la vida.
En los casos que el ama de casa también fuera única jefa del hogar, y tuviera a cargo -sin colaboración de padres- a nietos o hijos menores de edad, la jubilación a percibir por ama de casa, sería de dos salarios mínimos nacionales. La idea que por ese entonces buscaba pagar una prestación a unas 30.000 personas de más de 60 años sin “sustento digno” también naufragó y quedó archivada rápidamente.
“Merecemos ser tomadas en cuenta por el aporte que hacemos a la productividad del país aunque se haya instalado el mito que a lo único que nos dedicamos es a tomar mate y ver novelas. (…) ¿El ama de casa existe? ¿Qué pasa con la jubilación? Ya es hora que este reclamo se ubique como un debe, nos sentimos ignoradas”, dice la Liga.