Un proyecto de ley presentado esta semana en el Parlamento propone establecer la educación financiera, con énfasis en el análisis de créditos al consumo y el conocimiento de instrumentos financieros, como componente obligatorio en todos los niveles del sistema educativo nacional, y como parte integrante de políticas de formación continua para la ciudadanía.
La iniciativa la promueve el diputado del Partido Colorado por el departamento de Paysandú, Walter Verri.
El representante nacional sostiene que “la creciente complejidad del sistema financiero y la expansión del acceso al crédito -particularmente fuera del circuito bancario tradicional- exigen una ciudadanía con herramientas adecuadas para la toma de decisiones informadas, responsables y sostenibles”.
“Si bien Uruguay ha avanzado significativamente en materia de inclusión financiera en los últimos años, este proceso no ha sido acompañado por una política sistemática de educación financiera que permita a las personas comprender cabalmente los instrumentos financieros a los que acceden”, dice Verri en la exposición de motivos.
En sentido, explica que la asimetría informativa entre oferentes y demandantes de productos financieros -como créditos de consumo, fideicomisos, letras de tesorería, obligaciones negociables y vehículos de inversión colectiva- coloca en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población. A ello se suma el uso extendido de medios digitales para la contratación y gestión de productos financieros, lo que refuerza la necesidad de formación específica sobre sus riesgos y consecuencias.
Educación financiera en nivel primario, secundario y terciario
El proyecto de ley plantea que los programas de educación financiera comprendan como mínimo tres aspectos.
- 1-) Funcionamiento de los créditos al consumo: tipos, tasas de interés, costos asociados (comisiones, seguros, gastos administrativos), evaluación de la capacidad de pago, prevención del sobreendeudamiento y análisis de impacto económico y social.
- 2-) Identificación de costos ocultos y condiciones contractuales: cargos por afiliación, seguros obligatorios, renovaciones automáticas y penalidades por mora.
- 3-) Conocimiento y comprensión de los principales instrumentos financieros autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU): fideicomisos financieros y productivos, obligaciones negociables, letras de tesorería, certificados de participación y otros mecanismos de inversión colectiva.
Otro punto establece que los contenidos mencionados se incorporen de manera obligatoria y progresiva en los programas curriculares.
En educación primaria a través de conceptos elementales sobre dinero, ahorro, consumo responsable y planificación básica.
En educación media (secundaria y técnica) abordando temas como introducción al crédito, análisis de tasas de interés, uso responsable de endeudamiento, evaluación de productos financieros básicos, ahorro e inversión.
Y en educación terciaria con estudio técnico y aplicado de instrumentos financieros, mecanismos de financiamiento productivo, mercado de valores, regulación financiera y análisis de riesgos.
El proyecto al que accedió El Observador, propone que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será el responsable de definir los contenidos curriculares específicos.
En ese sentido, también plantea que el Consejo de Formación en Educación (CFE), en coordinación con la ANEP y las universidades públicas y privadas, diseñará e implementará módulos específicos de formación docente en educación financiera, garantizando su inclusión en la formación inicial y permanente del personal educativo.
Programa Nacional de Educación Financiera
Además, el diputado Verri propone la creación de un programa nacional de educación financiera, bajo la órbita del MEF, dirigido a personas adultas no incorporadas al sistema educativo formal.
Sus objetivos serán: promover el uso informado y responsable del crédito; brindar información clara y accesible sobre opciones de financiamiento e inversión; incentivar el ahorro, la previsión y planificación económica familiar; y fortalecer capacidades para prevenir fraudes financieros y comprender derechos como consumidores.
El programa sería desarrollado con participación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Banco de Previsión Social (BPS), bancos públicos y privados, instituciones financieras, cooperativas, universidades e instituciones de la sociedad civil.
Hay países de la región como Colombia, México, Perú y Argentina que ya han implementado políticas públicas específicas para promover la alfabetización financiera “como condición necesaria para un ejercicio pleno de la ciudadanía”, dice el proyecto presentado ante la Comisión de Educación y Cultura.
