Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado para que responda en cuatro meses por caso Balcedo Fiege
"La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición", afirmó el organismo
Marcelo Balcedo Camilo dos Santos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó formalmente al Estado uruguayo sobre la petición presentada por Marcelo Balcedo, Paola Fiege y su familia, y lo intimó a que en un plazo máximo de cuatro meses, improrrogable, presenter sus descargos.
La notificación implica que se quiere conocer la respuesta del Estado ante la denuncia de los imputados por la Justicia uruguaya por presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los derechos invocados se encuentran la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de defensa, la protección de la familia y el interés superior del niño.
"La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición", afirmó el organismo en la resolución a la que accedió El Observador.
La resolución afirma que transcurrido el plazo de los cuatro meses, la Secretaría Ejecutiva analizará los criterios de la Resolución 1/16 sobre Medidas para reducir el atraso procesal y que la CIDH podrá notificar el diferimiento del examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
También se informa que "en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa".
Según una comunicación que envió Fiege a El Observador, “el traslado formal de la denuncia convierte el caso en una causa internacional activa y coloca bajo examen la actuación del sistema judicial uruguayo en el marco de la cooperación penal con Argentina”.
fiege balcedo
“Uruguay deberá responder en cuatro meses mientras la pareja analiza una demanda superior a US$ 200 millones por daños materiales y reputacionales”, afirma el comunicado.
Agrega: "Han transcurrido más de ocho años desde el inicio del proceso en Argentina y la pareja no se encuentra formalmente procesada ni acusada conforme a los estándares del debido proceso. Pese a haber solicitado en reiteradas oportunidades prestar declaración y ejercer su derecho a ser oídos, no se les ha permitido hacerlo".
El comunicado de la pareja reseña que el caso comenzó en la madrugada del 4 de enero de 2018, "cuando un operativo de gran magnitud irrumpió en la residencia familiar en Piriápolis con helicópteros, vehículos blindados y transmisión en vivo". Menciona que se realizaron "incautaciones sin que existiera una orden judicial", se instalaron en los medios de comunicación "nexos con narcotráfico y referencias a la banda rosarina Los Monos". Aseguraron que el 7 de marzo de 2018, "mientras se formalizaba la extradición, llegaron a Montevideo actuaciones de la justicia federal de Rosario que descartaban cualquier conexión con delitos de esa naturaleza".
