Los nacionalistas Carlos Albisu y Mario Silvera dieron su respaldo al proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Amplio Federico Preve
Los intendentes de Salto, Río Negro, Canelones y Treinta y Tres, entre otros dirigentes, apoyan iniciativa para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en sus dos primeros años.
Los nacionalistas Carlos Albisu y Mario Silvera y los frenteamplistas Francisco Legnani y Guillermo Levratto dieron su respaldo al proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Amplio Federico Preve, que de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales público de todo el país.
Además de los intendentes, el proyecto de ley cuenta con otros 46 adherentes, entre los que están médicos de distintas especialidades, dirigentes políticos y exfuncionarios públicos.
También acompañan la exministra de Salud Pública María Julia Muñoz y el expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Marcos Carámbula. Este último también fue expresidente Sindicato Médico del Uruguay y exintendente de Canelones, entre otros cargos.
La ginecóloga Fernanda Nozar, quien recientemente renunció a la Dirección General de Salud del MSP, es otra de las personas que respaldan el proyecto.
Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una "carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años", según el texto del proyecto al que accedió El Observador.
El objetivo es intentar dar mayor cobertura a las "necesidades asistenciales determinadas por la autoridad sanitaria competente" y "promover la equidad, calidad asistencial y el acceso universal a la atención sanitaria".
La implementación de este proyecto alcanzaría a los "profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización".
Para ellos se establece que "deberán prestar, con carácter preceptivo y transitorio, un servicio de atención médica dentro del sistema nacional integrado de salud (SNIS)".
También se tendrá en cuenta para determinar esta carga horaria la "distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país". Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública (MSP) el que determine las "necesidades asistenciales de cada especialidad".
Esta obligatoriedad no regirá para aquellos que ya estén recibidos con anterioridad a la promulgación de la ley, aunque sí lo será para aquellos que inicien su formación de posgrado con posterioridad.
El MSP "no registrará ni habilitará" el título para el ejercicio de la profesión para aquellos que no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario.
La Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley en cuestión "no constituye una solución adecuada". "La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo", según FEMI.
En cambio, la federación entiende que "las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación".
