Una familia denunció ante la Justicia que policías allanaron por error su casa del barrio Villa Española y se llevaron sus ahorros, así como otras pertenencias. La Policía, sin embargo, asegura que todo está documentado y el procedimiento fue correcto.
Los hechos relatados en la denuncia, a la que accedió El Observador, señalan que el 26 de julio una pareja denunció que tres días antes, por la tarde, oficiales de la brigada de Narcóticos la Seccional 13° de Montevideo se presentaron en el hogar y le dijeron a la mujer, que estaba sola en ese momento, que iban a realizar un "reconocimiento". Mientras se lo decían, la tiraron al piso y la amenazaron con un arma, según se lee en la denuncia.
Este procedimiento, según indica el documento, era parte de un "mega operativo" que se desarrolló esa jornada en el barrio Villa Española.
Una de las funcionarias se quedó en el living con la mujer mientras el resto de los oficiales fueron a revisar el dormitorio principal, pero en ese momento la propietaria pidió estar presente. Al entrar a la habitación, le entregaron una "pequeña cajita" donde guardaba el dinero del "día a día", en la que había cerca de $ 24.000.
Tras revisar el dormitorio principal, los policías se fueron sin investigar el resto de la casa. Recién allí la mujer pudo llamar a su esposo, que le pidió que revisara una caja de zapatos ubicada abajo de su cama donde guardaban "gran parte de sus ahorros".
Cuando la abrió la caja "estaba vacía", y "la plata había desaparecido misteriosamente luego del procedimiento policial", denunciaron. Además, la pareja constató que faltaban otras varias pertenencias.
Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, señalan que el procedimiento se realizó de forma correcta y que todo está documentado, incluso con las cámaras GoPro que llevan los efectivos. Aseguran que la Policía contó el dinero y que nada fue "robado".
El posible "error de identificación" y la posible búsqueda de un acuerdo reparatorio
La pareja es representada por los abogados Jorge Arias, Marcelo Frioni y Rodrigo Rey, que en la denuncia marcaron que lo "grave" de la situación es que si los policías "entendían que en ese domicilio se realizaba algún tipo de actividad delictiva" y encontraron dinero, debieron "llevarse detenido al ocupante del inmueble de ese momento, ya que el dinero correspondería a frutos del delito", pero "nada de eso pasó".
La familia marcó sus "grandes sospechas" de que el ingreso de los funcionarios se debió a "un error de identificación del inmueble" por una "incorrecta numeración". El abogado Rey afirmó a El Observador que el allanamiento fue erróneo, ya que no existe ningún registro judicial que vincule un procedimiento con esa dirección.
"Los allanamientos son medidas de prueba muy delicadas, que requieren una especial justificación y control judicial, la posibilidad de que un error de puntería se traduzca en una intrusión indebida en viviendas de terceros debe ser especialmente prevenida", detallaron desde el grupo de abogados.
Los denunciantes defendieron que el hogar es "una casa de familia", formada por una pareja de trabajadores que "no están en todo el día" con hijos "que concurren a la escuela".
"Ningún tipo de actividad delictiva se desarrolla, por lo que, ninguna investigación de inteligencia policial podría haber determinado, ni liminarmente, que existían indicios que habilitara la realización de un allanamiento", se lee en el documento.
Para la defensa, los oficiales cometieron "al menos el delito de hurto agravado", y buscan recuperar el dinero y que se juzgue penalmente a los responsables.
Este martes la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía asignó el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3° Turno, con la fiscal adscripta Silvia Monzón a cargo de la investigación.
Rey valoró la designación de esta oficina, que demuestra en su opinión que se priorizó el caso por tratarse de un delito vinculado a funcionarios públicos.
Además, agregó que en paralelo el grupo de abogados analiza buscar un acuerdo reparatorio con el Estado.
