El planteo se produce después de que Lubetkin asegurara, en una entrevista con El Observador, que Uruguay alcanzó un entendimiento con Estados Unidos y Cuba para garantizar la continuidad de los 20 médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos, en medio de los cuestionamientos estadounidenses a las condiciones de estas misiones.
"Hablamos tanto con las autoridades de EEUU como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los médicos cubanos sigan operando ojos en este país", sostuvo el canciller.
Lubetkin explicó que el gobierno resolvió modificar el sistema por el cual el Banco de Previsión Social (BPS) transfería una partida a las autoridades cubanas mediante un acuerdo de cooperación entre ambos países.
"El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional", señaló el ministro.
Aguilera reconoce los resultados del Hospital de Ojos, pero advierte sobre las condiciones laborales
En la presentación de su proyecto, Aguilera destacó los resultados de la cooperación oftalmológica con Cuba a través de la Operación Milagro y el Hospital de Ojos José Martí.
Según las cifras difundidas por la legisladora, el programa acumula más de 119.000 cirugías y casi un millón de consultas y pesquisas, además de un amplio reconocimiento al profesionalismo del equipo médico.
"Hay gente que volvió a ver el mar, el rostro de un nieto, la propia casa. Eso no es un eslogan. Es política pública con resultado humano. Esa cara existe y debe preservarse", sostuvo en diálogo con El Observador.
Sin embargo, la diputada planteó que esos resultados asistenciales no deben impedir que se investiguen las condiciones en las que trabajan los profesionales extranjeros.
En ese sentido, hizo referencia a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que advierte sobre posibles vulneraciones de derechos laborales en determinadas modalidades de cooperación internacional.
El documento, citado en la exposición de motivos del proyecto, alerta sobre situaciones que pueden incluir restricciones a la libertad, coacción, retención de ingresos y documentos de identidad, así como circunstancias que podrían configurar trabajo forzoso o trata de personas.
"No lo denuncia solo Washington. Lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", señaló la legisladora en su comunicación.
"Uruguay no puede celebrar la luz que se recupera en un quirófano y, al mismo tiempo, naturalizar la opacidad con la que se trata al personal que presta ese servicio", agregó.
Qué establece el proyecto de ley sobre los pagos y las condiciones de trabajo
El proyecto, denominado Protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que se desempeñan en Uruguay en el marco de convenios de cooperación internacional, comprende a extranjeros que desarrollen tareas profesionales, técnicas, científicas, de asesoramiento, gestión o apoyo mediante acuerdos internacionales con participación de organismos públicos.
Aunque la iniciativa surge a partir de la controversia sobre los médicos cubanos, su alcance no se limita a esa brigada, sino que comprende a cualquier trabajador extranjero que preste servicios bajo esas modalidades.
Uno de los artículos centrales establece que los pagos deberán realizarse mensualmente, en territorio uruguayo y directamente al trabajador, mediante mecanismos que permitan verificar que el dinero llega efectivamente a su destinatario.
También dispone que las remuneraciones guarden una "razonable equivalencia" con las correspondientes a funciones similares en el ámbito público, considerando la carga horaria, las responsabilidades y la calificación requerida, aunque sin establecer una equiparación salarial automática.
La propuesta asigna al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la responsabilidad de controlar el cumplimiento de estas disposiciones.
El organismo podría solicitar documentación, realizar inspecciones, entrevistar a los trabajadores y verificar las modalidades de pago.
Además, el texto prohíbe las represalias contra quienes denuncien irregularidades o colaboren con las inspecciones y establece que los profesionales deberán conservar la libre disposición de sus documentos de identidad y viaje.
Las disposiciones también alcanzarían a los convenios actualmente vigentes, aunque su adecuación debería realizarse sin interrumpir los servicios que recibe la población.
"Quien trabaja en Uruguay merece saber cuánto cobra, recibirlo a su nombre mediante canales financieros trazables, tener sus documentos consigo y no quedar atado a voluntades ajenas para ejercer su labor con decoro", señala la exposición de motivos.
Los pedidos de informes sobre los médicos cubanos y las donaciones a Cuba
En paralelo a la iniciativa legislativa, Aguilera presentó dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo, vinculados tanto al funcionamiento de la brigada médica cubana como a las donaciones y envíos humanitarios realizados por Uruguay a ese país.
El primero busca conocer las condiciones de funcionamiento de la brigada médica que trabaja en el Hospital de Ojos José Martí, perteneciente al Centro Hospitalario del Norte Gustavo Saint Bois.
La legisladora solicitó información sobre el marco jurídico del convenio, su costo, la modalidad de pago, las condiciones de prestación de servicios y los mecanismos de control.
El pedido está dirigido al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a ASSE; al Ministerio de Relaciones Exteriores; al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al BPS; al Ministerio de Economía y Finanzas; y a Presidencia de la República.
Aguilera aclaró que la solicitud se realiza "sin perjuicio del reconocimiento de la actividad asistencial cumplida" por los profesionales cubanos.
El segundo pedido de informes apunta a conocer todas las donaciones y envíos de carácter humanitario realizados por el Estado uruguayo a Cuba desde el 1º de marzo de 2020 hasta la actualidad, un período que comprende tanto al gobierno de Luis Lacalle Pou como a la actual administración de Yamandú Orsi.
En particular, Aguilera solicitó información sobre los envíos de leche en polvo, corned beef y paneles solares.
La diputada pretende conocer el inventario de los bienes enviados, sus costos, el origen y la modalidad de adquisición, los mecanismos utilizados para trasladarlos a Cuba y los controles realizados para verificar su destino final.
Este segundo pedido está dirigido a los ministerios de Salud Pública; Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; y Presidencia de la República.
La legisladora aclaró que no cuestiona el carácter humanitario de la asistencia, sino que busca determinar cómo se documentaron las operaciones y qué mecanismos de control se aplicaron para garantizar que los bienes llegaran a sus destinatarios.
De esta manera, Aguilera busca avanzar por dos vías: establecer por ley garantías laborales y mecanismos de fiscalización para los extranjeros que trabajan mediante convenios de cooperación internacional y obtener información sobre los acuerdos y las donaciones que Uruguay mantiene con Cuba.
"La solidaridad internacional es un valor esencial, pero no debe financiarse a expensas de la dignidad y de las garantías fundamentales de quienes prestan el servicio", concluye el comunicado de la diputada.
