Estos hechos presuntamente irregulares se dieron en la órbita de la Caja Militar, según el denunciante
La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad denunció penalmente que Roberto Freddy Amorín Maciel y otros dos exmilitares prófugos en el exterior siguieron cobrando pensión, lo que constituyó una serie de "irregularidades" para que se concretaran estos pagos.
Además del caso Amorín Maciel en Miami, la Fiscalía también denunció los mismos acontecimientos en los casos de los exmilitares Tabaré Camacho y Jorge Grau. En los tres casos tiene la presunción de delitos de fraude, encubrimiento, desacato y violación de deberes inherentes a la función pública, informó en primera instancia el medio Caras y Caretas.
Estos hechos presuntamente irregulares se dieron en la órbita de la Caja Militar y las denuncias fueron realizadas entre fines de abril y principios de mayo.
El fiscal especializado Ricardo Perciballe contó que por el momento solo se hizo la denuncia de estos tres casos, pero que hay más en calidad de fugitivos que siguen cobrando. "Es gente que es prófuga de crímenes de lesa humanidad, varios de ellos comprometidos en desapariciones forzadas, y le está pagando el Estado uruguayo para que estén prófugos en el exterior", dijo el fiscal a El Observador.
"Los militares para cobrar una pensión tienen que vivir en Uruguay, de lo contrario tienen que presentar un certificado de vida. Lo tienen que hacer en un consulado. Concomitantemente con ese oficio a la pensión y retiro, nosotros oficiamos a Cancillería poniendo en conocimiento la situación para que si se presenta el militar prófugo se comuniquen enseguida con Interpol y lo detengan", contó Perciballe.
"El Servicio de Pensiones y Retiros pese a los informes del Poder Judicial, no solo no exigieron certificado de vida y no solo se constituyeron en el domicilio, además le siguieron pagando como si nada. Entendemos que eso es pasible de ser investigado", añadió.
Además, según el fiscal, la Cancillería de la República fue puesta en conocimiento de que "hubo dos cónsules que pese a tener conocimiento de que (los exmilitares) estaban prófugos, también dieron el certificado de existencia de vida".
Por uno de estos casos, el de Miami, la Cancillería abrirá una investigación administrativa. El pasado 11 de febrero el consulado de esta ciudad norteamericana expidió al exmilitar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) Amorín Maciel una constancia de vida "para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar".
Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional. Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974, así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU.
La expedición de esta fe de vida fue denunciada públicamente por la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que el lunes se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, a quien puso al tanto de esta situación.
