La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que encabeza el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz, se reunirá por tercera vez este miércoles y tiene en su agenda del día aprobar la "Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos". Ese documento que es el plan de acción en el combate de ese delito para los próximos años con medidas a corto, mediano y largo plazo, había sido elaborada por el gobierno anterior sin que llegara a aprobarse.
El anuncio lo hizo el prosecretario Díaz en el programa Desayunos Informales (Canal 12) este lunes, donde dijo que luego de que lo apruebe la comisión "se elevará al Poder Ejecutivo para que la apruebe por decreto, como corresponde".
Según supo El Observador, al texto se le hicieron algunos cambios "pero no son de fondo". Se aclaró que la base sigue siendo la evaluación nacional de riesgo, elaborada por el asesor internacional Alejandro Montesdeoca, quien fue contratado por el gobierno anterior para trabajar con la Secretaría Antilavado en la evaluación primero y luego en la estrategia.
La semana que viene se va a realizar una presentación pública para dar a conocer los principales puntos de la estrategia y se va a invitar a participar a Montesdeoca, dijeron fuentes de Presidencia.
Como había informado El Observador un año atrás, la estrategia mencionaba entre las amenazas que "no se puede descartar, el uso de territorio nacional como país de tránsito, o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones" de grupos terroristas. Agrega que "la principal amenaza puede provenir de organizaciones regionales y de una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior".
Menciona que "informes de inteligencia manejan una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera Paraguay/Brasil/Argentina, a la frontera de Santana Do Livramento - Rivera, dada la caracterización geográfica de dos ciudades gemelas con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos".
Tambié advierte que no existen herramientas "para detectar de forma temprana y oportuna procesos de radicalización que se puedan dar en nuestra sociedad”.
Entre las medidas a tomar en forma urgente la estrategia propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay, y “un análisis estratégico para dar trazabilidad a los fondos provenientes y con destino a los países de la región de la triple frontera (con énfasis en las zonas geográficas de mayor riesgo) y analizar en forma consolidada las transacciones de remesas”, así como establecer mayor control del flujo migratorio en los puestos de frontera con Brasil y Argentina.
A mediano plazo propone "profundizar las tareas de inteligencia que puedan realizarse en las zonas de frontera con Argentina y Brasil", principalmente en las ciudades de Rivera, Chuy, Colonia, Fray Bentos, Paysandú y Salto así como la “revisión de las políticas de visado y residencia en el país” y unificar procesos de control fronterizo y dotar de recursos a la Dirección Nacional de Migración y Dirección Nacional de Aduanas.
En otro punto propone “evaluar los riesgos que generan la "actividad de trading”, que aparecen entre los principales sectores de actividad "potencialmente utilizados para canalizar activos de origen ilícito o con finalidad ilícita", junto al sector financiero, estructuras societarias, mercado inmobiliario, zonas francas, criptoactivos, vehículos de alta gama, sociedades anónimas deportivas y utilización de efectivo.
Entre las recomendaciones sugiere que DGI, MEF, Senaclaft y UIAF conformen un ámbito de análisis para que obtengan "información que permita determinar los montos facturados por los distintos operadores y los riesgos existentes en cada caso, así como la efectividad de los controles desarrollados por el Dirección Nacional de Zonas Francas y la propia DGI para los que actúan fuera del territorio franco, quienes podrán consultar a tales efectos al sector privado".
Otra medida que se propone es analizar la implementación de inteligencia financiera a partir de la información recibida por parte del BCU sobre transferencias electrónicas transnacionales realizadas desde y hacia Uruguay.
Dotar de recursos a la Senaclaft
La estrategia elaborada en el período pasado proponía reubicar a la Secretaría Antilavado (Senaclaft) como un órgano autónomo, un servicio descentralizado, con funcionarios propios y estables, fortaleciendo las distintas áreas, ya que actualmente cuenta con funcionarios que en su mayoría son pases en comisión.
También se proponía que la UIAF cuente con funcionarios propios y estables, fortaleciendo las distintas áreas de actividad y que a largo plazo se logre la generación de información georreferenciada de las operaciones financieras incluidas en sus bases de datos asi como se plantea contar con un sistema coordinado de estadísticas en materia de lavado de activos y sus delitos determinantes, incautaciones y decomisos.
Al respecto, Díaz dijo este lunes en la entrevista de canal 12 que el gobierno ya tomó medidas para reforzar la Senacflat, al designar a los exsecretarios Antilavado, Ricardo Gil y Daniel Espinosa, como asesores que trabajan adjuntos a la actual secretaria Sandra Libonatti. También dijo que se pidió reforzar a la secretaría con más funcionarios. En cuánto a la UIAF afirmó que pidieron al Banco Central que se designe al gerente de la UIAF y poder reforzar esa oficina. "Es un compromiso ineludible", dijo.
