El gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional y anunció cuatro acciones concretas tras detectar incumplimientos contractuales graves.
El presidente Yamandú Orsi, acompañado por el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz y la ministra de Defensa Sandra Lazo, explicó que la decisión responde a la “necesidad de transparencia en la gestión pública” y se basa en irregularidades en las garantías presentadas por la empresa y en informes técnicos recientes.
Según sostuvo el mandatario, las dos garantías exigidas por contrato —la de fiel cumplimiento y la de reembolso o anticipo financiero— no cumplían con lo establecido. “Las dos garantías” son un “elemento sustancial” del contrato, afirmó, y concluyó que “el contrato no camina”.
Las cuatro acciones anunciadas
Tras formalizar la rescisión, Orsi detalló las medidas que adoptará el Estado:
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Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves.
El Ejecutivo entiende que la inexistencia o irregularidad de las garantías constituye base suficiente para dar por terminado el vínculo.
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Iniciar acciones por daños y perjuicios.
El gobierno promoverá los mecanismos legales correspondientes para reclamar eventuales responsabilidades económicas derivadas del incumplimiento.
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Recuperar el patrimonio del Estado y definir responsabilidades.
Se buscará proteger los recursos públicos comprometidos y establecer eventuales responsabilidades administrativas o jurídicas.
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Procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas.
El Ejecutivo avanzará en un nuevo proceso para dotar a la Armada de las OPV consideradas necesarias para la vigilancia marítima.
“Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, expresó el mandatario.
Fundamentación técnica y jurídica
El prosecretario Jorge Díaz afirmó que “el Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones” y sostuvo que “hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato”.
La decisión se tomó luego de consultar a expertos jurídicos y tras analizar dos informes recientes: uno elaborado por observadores de la Armada y otro de la auditora internacional Bureau Veritas, que detectó “deficiencias en el proceso constructivo”, atrasos de al menos cinco meses y falta de cronogramas definitivos actualizados. El informe también concluyó que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”.
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