El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU y del INISA (SUINAU) cuestionó la decisión judicial de enviar al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) a tres adolescentes de 14 y 15 años que vivían en hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y que son investigadas por la agresión a Valeria Ripoll y a su hija.
En un comunicado difundido este sábado, el sindicato manifestó su "profunda preocupación" por la medida y sostuvo que la privación de libertad debe aplicarse únicamente como "último recurso". También señaló que existen "alternativas" para atender los riesgos procesales sin recurrir al encierro.
Las jóvenes fueron enviadas al INISA, donde permanecerán durante 30 días como medida cautelar. Según informó Fiscalía, la Justicia tomó la decisión al considerar que existían "riesgos para la seguridad de las víctimas". El episodio ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de Ripoll, donde funciona el Hogar Magnolia del INAU. La dirigente denunció que un grupo de adolescentes arrojó piedras y otros objetos contra su casa y que tanto ella como su hija fueron agredidas físicamente.
"Existen medios y medidas cautelares alternativas y no privativas idóneas para salvaguardar eventuales riesgos procesales, sin que resulte admisible apelar al encierro de manera automática", expresaron desde el sindicato. Los trabajadores aclararon que su postura no busca "minimizar" la agresión ni desconocer los derechos de Ripoll y su hija, pero plantearon que también deben tenerse en cuenta las "vulnerabilidades preexistentes" que atravesaban las adolescentes antes del episodio.
"Quienes hoy son recluidas son las mismas gurisas a las que el sistema de protección no logró brindar a tiempo las condiciones de amparo que requerían", afirmaron. En esa línea, consideraron contradictorio que el Estado tenga una "respuesta punitiva" ante una situación que, a su entender, también evidencia que "primero claudicó en su deber primario de protección y cuidado".
El SUINAU sostuvo que el pasaje de un hogar del INAU a un centro del INISA no resuelve los problemas de fondo: "La respuesta jamás puede reducirse a pasar de un dispositivo de amparo a un centro de reclusión adolescente, profundizando la estigmatización y la desigualdad", indicaron. Como alternativa, reclamaron más recursos para atender a los adolescentes en situación de vulnerabilidad, con dispositivos de salud mental, equipos interdisciplinarios y políticas sociales.
El reclamo de Ripoll por el Hogar Magnolia
La agresión ocurrió en medio de los cuestionamientos de Ripoll al funcionamiento del Hogar Magnolia, ubicado junto a su vivienda. La dirigente aseguró que los problemas en el centro eran anteriores al episodio y reclamó que fuera trasladado a instalaciones adecuadas. También cuestionó la respuesta de las autoridades del INAU, en particular de su presidenta, Claudia Romero, a quien reclamó explicaciones por la situación del hogar.
Romero y el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, habían reconocido que el sistema de protección especial atraviesa problemas "estructurales y persistentes".
"Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable", habían señalado las autoridades.
Las autoridades también cuestionaron la "exposición pública" de las adolescentes involucradas y recordaron que la privación de libertad debe ser una medida de "último recurso": "La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración", habían escrito.
