Nueve gremiales de profesionales universitarios, entre ellas el Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay, manifestaron su rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca solucionar el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).
En un documento conjunto enviado al Parlamento, las organizaciones criticaron las medidas actuales y propusieron "cambios sustanciales" para garantizar la sustentabilidad del sistema.
Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, explicó que el lunes realizaron una "primera reunión con varias organizaciones y asociaciones de profesionales" en donde se discutió el rechazo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y, por otro lado, "la posibilidad de hacer un documento en común".
Freire confirmó que el texto será presentado a legisladores de todos los partidos una vez que reúna el respaldo mayoritario.
Las gremiales firmantes —Agrupación Universitaria del Uruguay, Asociación Odontológica Uruguaya, Federación Médica del Interior, entre otras— sostienen que el proyecto del Ejecutivo "afecta severamente y en forma negativa a profesionales activos y pasivos (jubilaciones y pensiones), sin atacar las verdaderas causas que originan la crisis y que seguramente la profundicen y genere condiciones muy negativas para el futuro de los profesionales".
Propuestas y críticas al proyecto
Tras manifestar sus quejas, desde el colectivo elevaron una serie de propuestas para trabajar en el tema:
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Actualizar el valor de los timbres profesionales según el Índice Medio de Salarios (IMS), medido por el Instituto Nacional de Estadística.
Compensar el "descalce" acumulado del 70% en el valor de los timbres, proponiendo un aumento inmediato y sucesivos ajustes que compensen esta diferencia por el ajuste del IMS.
Ampliar la base de aportantes mediante la incorporación a la Caja Profesional en la categoría 1 de la escala vigente, "generando su correspondiente carrera profesional (pudiendo trabajar en forma independiente y jubilarse como tal) a todos los profesionales que hoy son dependientes, que no aportan a la CJPPU".
Finalmente, sugieren que el monto a aportar por los profesionales que ejercen la profesión como dependientes en categoría 1 de la CJPPU "se detraiga del aporte que el trabajador profesional dependiente hoy hace al BPS o a otra caja y estos transfieren a las AFAPS".
Actualmente, los profesionales dependientes son más de 110.000 profesionales y, según estiman las gremiales de profesionales que elaboraron el documento, solo con el aporte de 28.000 de ellos se estaría resolviendo la situación financiera de la CJPPU.
Sobre el impacto en las AFAP, las gremiales aclaran que si bien estas dejarían de recibir comisiones por estos aportes (de entre 2 y 5%), "no afecta en forma significativa la tasa de rentabilidad sobre patrimonio que tienen".
"Hasta que las medidas sugeridas por los profesionales generen los recursos necesarios para el equilibrio de las finanzas de la CJPPU, las gremiales solicitan al Poder Ejecutivo dar cumplimiento al literal B del inciso tercero del Art.67 de la Constitución de la República, aportando desde Rentas Generales, como lo plantea el proyecto, los recursos necesarios para que la CJPPU pueda pagar las pasividades", afirmaron.
