Las autoridades del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) presentaron una nueva propuesta para la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), en el marco del análisis del proyecto de ley por parte de una comisión especial de Diputados.
Según informó el diario El País, desde la institución proponen que los profesionales que se han declarado en “no ejercicio” —y por tanto no realizan aportes a la Caja— comiencen a pagar aportes a la entidad
“La institución tiene 110.000 profesionales que se declararon en no ejercicio. Por eso, planteamos que esos 110.000 comiencen a aportar, pero sin afectar su bolsillo, sino que parte de lo que la mayoría de ellos ya aportan a la AFAP se destine a la Caja”, detalló al medio Cristina Freire, presidenta de Cceau.
Las autoridades del Colegio señalaron que esta medida permitiría al profesional dependiente realizar un aporte alternativo a la Caja a la que pertenece —la Caja de Profesionales—, y continuar su carrera dentro de esa institución si así lo desea, accediendo a los derechos que ello implica.
Además, Freire indicó que, a futuro, lo que el afiliado no perciba de renta por AFAP lo compensará con una pasividad por la Caja Profesional.
Para implementar esta propuesta, será necesario modificar ciertas normativas y acceder a información confidencial que actualmente solo manejan el Banco de Previsión Social (BPS) y la Caja de Profesionales, señalaron desde el organismo.
“Nos da la sensación que la idea cayó bien en la comisión y ahora deben estudiarla”, agregó Freire en declaraciones a El País.
Por otra parte, el Cceau propuso también modificar el artículo 71, que regula el costo de los timbres profesionales. En lugar de fijarse con base en el promedio del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Índice Medio de Salarios (IMS), plantean que se calcule únicamente en función del IMS, tal como se ajustan las pasividades de la Caja.
Los detalles del proyecto de ley de reforma
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo plantea para los profesionales activos un aumento del aporte desde el 18,5% al 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja. Para los que obtengan la habilitación profesional este año se mantendrá la escala de 10 categorías y para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026 habrá 15 para evitar saltos tan bruscos entre categorías.
Los pasivos tendrán una contribución pecuniaria. La primera franja, de entre 0 a 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), no tiene aporte previsto. La segunda de entre 6 a 10 BPC aportará un 2%. La tercera franja de entre 10 y 15 BPC pasa a 7,5%; la próxima de entre 15 y 20 a 10% y en la de 20 a más la tasa es de 12%. La BPC para 2025 es de $ 6.576. El promedio es de una tasa de 9%, que generará un piso de ingresos de US$ 40 millones al año.
La inyección financiera del Estado está planteada de otra manera. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado -a través de Rentas Generales- de $ 110 millones al mes. El total ascendería a $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones.
Complementa que a partir de enero de 2026 el aporte será el equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Tomando en cuenta el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal de 2026 sería de US$ 26,4 millones.
Además menciona que el Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Caja de Profesionales a compensar estos fondos con otros tributos y recursos que la institución recauda en nombre del Estado, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.
