La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló en un informe que el pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos investigados por delitos de lesa humanidad "se ajusta a la normativa vigente" y que no hay una base legal para suspender automáticamente esos beneficios.
El documento, del que dio cuenta en las últimas horas Búsqueda, fue elaborado luego de que el fiscal Perciballe denunciara penalmente que varios militares retirados requeridos por la Justicia continúan cobrando jubilaciones a través de la caja militar pese a encontrarse prófugos en el exterior.
Entre ellos figuran Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau, vinculados a investigaciones por torturas, desapariciones forzadas, homicidios y otros delitos cometidos durante la dictadura.
La cartera sostuvo en el documento que la normativa actual solo permite suspender prestaciones en dos casos: cuando existe sentencia de condena o cuando una persona radicada en el exterior no presenta la fe de vida.
El informe señala que muchos de los prófugos no habían declarado residencia fuera del país, por lo que no se les exigía ese documento. "Al no existir norma concreta que lo permitiera, no podía suspenderse el beneficio", sostiene el texto informado por el consignado medio.
En dicho documento, la ministra además destaca que el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley para suspender prestaciones de seguridad social a cualquier persona requerida por la Justicia que no se presente o permanezca prófuga.
La iniciativa es elaborada conjuntamente por los ministerios de Defensa y Trabajo y Seguridad Social. "Se espera recoger los máximos consensos políticos para su aprobación", indica el informe.
Las quejas de familiares, el caso en Miami y la investigación de Cancillería
Días atrás y en rueda de prensa, el representante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, informó que presentaron ante el presidente de la República, Yamandú Orsi, el caso de un militar "prófugo de la Justicia uruguaya" y "requerido por Interpol" que presentó un trámite de "fe de vida" que le fue otorgado sin mayores inconvenientes, y sin que la oficina estadounidense llamara a Interpol "como tenían la orden de hacerlo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores".
"Todos los ciudadanos, cuando estamos en el exterior, debemos presentar cada X cantidad de tiempo la fe de vida para cobrar la jubilación. Cuando estás requerido por Interpol y la Justicia, la orden es que los funcionarios deben llamar inmediatamente a Interpol, y eso no se hizo", señaló.
"No puede suceder que los prófugos de la Justicia, como son militares retirados y que en general tienen muy buena jubilación, vivan en el exterior y todos nosotros les paguemos la jubilación para que se mantengan prófugos. Eso me parece bastante injusto", agregó.
Durante esa misma instancia, Errandonea aseguró que Orsi se "comprometió" con la asociación a "transmitirle" el hecho al ministro de Relaciones Exteriores para "investigar qué era lo que había pasado". Tras esto y según informó este medio, la Cancillería de la República decidió abrir una investigación administrativa por lo que pasó.
El exmilitar al que refiere el caso es Amorín Maciel. Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional. Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974, así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).
