En la idea original de la UAM tanto presidente como secretario general pertenecían al gobierno departamental. Tras intensas negociaciones durante la discusión de la Ley de Presupuesto Nacional en 2020 y a propuesta del Poder Ejecutivo, oficialismo y oposición acordaron que el cargo de secretario general le correspondía al Ministerio de Ganadería, que también había aportado para el proyecto.
Sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo pretende, a pedido de los directores de la UAM, realizar algunos cambios a la gobernanza para limitar las potestades del presidente. En ese contexto, el gobierno departamental y el ministerio comparecieron ante la comisión de Constitución y Legislación para plantear sus posturas respecto al proyecto de ley.
El pedido de los directores se fundamenta en actitudes del actual presidente Daniel Garín que, según entienden, afectan la gestión de la UAM e incluso ponen en riesgo su viabilidad. Tal como ha informado El Observador, el vínculo entre los directores y el presidente viene tenso desde hace meses y en las últimas semanas el clima ha empeorado.
Lo que dice la Intendencia
Los senadores del Frente Amplio cuestionaron el proyecto de ley porque entienden que se está tratando de cambiar la gobernanza de un organismo a partir de malos relacionamientos personales pero fue la Intendencia de Montevideo la que cuestionó directamente los cambios.
La secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Olga Otegui, fue clara en su posición respecto al proyecto. Tras hacer un repaso de la historia de la UAM, Otegui se refirió a los cambios que se buscan hacer en el artículo 7 de la actual norma de la UAM.
El proyecto del senador Jorge Gandini pretende eliminar el pasaje del artículo que dice: “No obstante, las resoluciones referidas a la aprobación del presupuesto, a gastos o inversiones y a aspectos que refieren a la política institucional de la empresa, deberán contar con el voto conforme del Presidente”.
“Lo que se propone, entonces, es suprimir el requisito de contar con el voto conforme del presidente, el único miembro del directorio que es designado por la Intendencia de Montevideo, para adoptar decisiones como son las de presupuesto, las de gastos y las de inversiones. Con esta modificación, se excluye a la intendencia de la posibilidad de realizar cualquier mínimo control de la gestión de la UAM. Es sumamente grave”, dijo Otegui según consta en la versión taquigráfica de la comisión.
La secretaria general recordó que la Intendencia de Montevideo es la “gestora” del proyecto, principal inversora y acreedora de la UAM.
“Tenemos que tener presente que la intendencia, para hacer posible la realización de la obra a través de este contrato de fideicomiso, ha tenido que realizar múltiples aportes en todos estos años”, aseguró.
Fue la directora del Departamento de Recursos Financieros, Ximena Muñiz, la encargada de detallar los aportes de la IM a la Unidad Agroalimentaria y habló desde un fideicomiso (de los tres que tiene la UAM) hasta el uso de la infraestructura de la UAM para programas de Tv Ciudad con el objetivo de promocionarlo pasando por distintas exoneraciones para los productores.
El otro artículo que se pretende cambiar es el número 8 para que la Mesa Ejecutiva pueda sesionar sin la presencia del presidente y eliminar otro pasaje que señala que el presidente tiene la potestad de realizar observaciones sobre las decisiones de la Mesa Ejecutiva y si la mayoría de la mesa lo rechaza, es la Intendencia de Montevideo para resolverlo.
“Lo que se hace es eliminar la potestad del presidente de realizar observaciones a decisiones de la mesa ejecutiva, sobre todo, aquellas que refieren a gastos e inversiones. Entonces, suprime la posibilidad, cuando la observación no es contemplada, de que sea la Intendencia quien pueda resolver. También esto es de suma gravedad”, insistió Otegui y recordó que salvo presidente y secretaria general, que son designados por el sector público, el resto de los integrantes de los órganos de dirección tienen “fuertes conflictos de intereses”.
Otegui también destacó que el 94% de las resoluciones de la mesa ejecutiva se tomaron por unanimidad y de las 22 que no la tuvieron, solo en 6 el presidente votó de forma negativa. En el directorio, en tanto, fueron el 78% las tomadas con el respaldo de todos y de las 15 que no tuvieron unanimidad solo en 8 el presidente votó de forma negativa. “Esto refleja cómo es la dinámica de trabajo, tanto del directorio como de la mesa ejecutiva”, dijo.
El presidente de la UAM, Daniel Garín, estuvo presente en la comisión pero no habló.
La posición del MGAP
Por el ministerio comparecieron el ministro Fernando Mattos y la secretaria general de la UAM –designada por el Poder Ejecutivo–, Adriana Zumarán. Uno de los puntos en los que hicieron hincapié fue en la necesidad de mejorar la situación económica del organismo ya que, según dijeron, los balances dan un empate pero no se generan recursos para amortizar las deudas e incluso plantearon la preocupación por la “viabilidad” del proyecto.
Desde la Intendencia, sin embargo, aseguraron que el proyecto es viable y que eso quedó claro en las distintas conversaciones que tuvieron con los directores. El último balance no fue aprobado ya que seis directores se abstuvieron.
Fue el ministro Mattos el que se encargó de profundizar en la preocupación que tienen sobre la gobernanza y la falta de información para los directores y la secretaria general. “Acá hay nueve representaciones y resulta que ocho están en una línea y el presidente se abroquela en una potestad que no sé, exactamente, si le está conferida o no. Está claro que si es un organismo democrático pero el presidente tiene el poder de veto, siempre va a prevalecer su voluntad”, dijo. El veto no solo se aplica de forma directa sino que el presidente tiene la potestad de levantase e irse de la sesión de la mesa ejecutiva y esta no puede sesionar sin su presencia.
Por eso, Zumarán insistió en que el veto directo se utilizó solo una vez –vinculado a la cesión de los terrenos– pero que hay otros mecanismos que también afectan el accionar de los órganos de conducción.
“El mecanismo detallado de la ley se ha utilizado solo una vez por el presidente, que fue en las licencias extendidas, y por eso lo mencioné al principio. Está el mecanismo del veto y ¿qué es lo otro? Las resoluciones aprobadas por mayoría no se cumplen y no por el mecanismo previsto en la ley. No se cumplen de hecho. No está ni siquiera disparado”, dijo y aseguró que cuando un director pone sobre la mesa un tema que al presidente no le gusta, se levanta y se va. Zumarán, incluso, asegura que no se está cumpliendo con la ley vigente.
Para Mattos los problemas de funcionamiento que tiene la UAM generan “reticencia” a aquellos actores económicos que puedan llevar al organismo mayor actividad.
“Lo que buscamos fundamentalmente aquí es la mejora de la gobernabilidad, la mejora de la convivencia, porque no ha sido una gestión que nos haya dado la información y el espacio necesarios para la participación”, agregó.
