El Ministerio del Interior declaró reservada por 15 años las evaluaciones realizadas al programa Barrios sin violencia por el que se aplica la estrategia de mediadores de la ONG Cure Violence para intentar reducir la cantidad de homicidios. Inicialmente la cartera aseguró que no existía ningún tipo de evaluación del programa pero luego, tras la insistencia de El Observador, reconoció la existencia pero declaró los documentos como reservados.
La cartera contestó así a una solicitud de acceso a la información pública realizada por El Observador en la que se solicitaban todas las evaluaciones realizadas al programa desde que comenzó a implementarse en 2024, ya fueran internas o externas. La resolución, firmada por el director general de Secretaría, Gerardo Siri, establece que la divulgación de dicha información podría “afectar la seguridad pública” y advierte que “los informes solicitados contienen, por ejemplo, información relativa a la implementación del referido plan, indicando zonas, tipos de conflictos a ser mediados, entre otros”.
Además, agrega que el análisis objetivo “tiene su base en la reserva genérica” dispuesta por una resolución del 2012 en la que “se establece que toda información relativa al ejercicio de actividad policial, en particular la relativa a la estrategia y planificación de actividades vinculadas a procedimientos de combate al delito, es reservada”.
Los argumentos son contrarios a como promovió esta política la anterior administración. Si bien Barrios sin violencia está enmarcado en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana II, el Ministerio del Interior siempre defendió que no se trata de una actividad policial sino de una “intervención comunitaria”.
“El único vínculo que hay entre las ONG y el Ministerio del Interior es el financiamiento, no hay nada más. No hay ningún otro tipo de vínculo. Y digo esto porque desde la oposición, con mucha mala intención, se intentó instalar la idea de que iban a ser informantes. Y no tiene nada que ver con eso. Esa información falsa le puede hacer mucho daño al programa”, decía en enero de 2024 el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito de la cartera, Diego Sanjurjo, que hoy sigue trabajando en la cartera.
Además, las zonas en las que trabajan los mediadores fueron difundidas desde un inicio por el propio gobierno, están publicados en el sitio web del ministerio y los mediadores salieron en distintos medios de prensa contando los tipos de conflictos en los que mediaban.
Diversos incumplimientos
La solicitud de acceso a la información pública inicial fue presentada el 6 de febrero de este año. La ley 18.381 sobre derecho de acceso a la información pública establece que los organismos tienen 20 días hábiles –que se cumplieron a inicios de marzo– para responder a la información. Sin embargo, El Observador no recibió ninguna respuesta en ese plazo.
Ante la falta de novedades, el 9 de abril El Observador contactó con el sector de Atención al Ciudadano por correo electrónico para conocer por qué no se habían cumplido los plazos.
La consulta no tuvo una respuesta precisa y El Observador consultó con integrantes del Ministerio del Interior para conocer cuál era la situación de la solicitud. Ante estas consultas, el 25 de abril, más de un mes y medio después de vencido los plazos, el Ministerio del Interior solicitó la prórroga establecida en la ley por otros 20 días hábiles.
La resolución que pide la prórroga tiene fecha de 7 de marzo pero fue notificada recién el 25 de abril. Ante el nuevo incumplimiento de los plazos, El Observador consultó el 28 de mayo por correo electrónico sobre la situación de la solicitud.
Ese mismo día el Ministerio del Interior envió el expediente creado a partir del pedido de acceso a la información en el que se refleja que la Dirección de Convivencia aseguró que no existía ningún tipo de evaluación. “La dirección de convivencia no tiene antecedente administrativo que refleje oportunamente se haya solicitado evaluaciones del programa”, dice un correo electrónico que figura en el expediente.
Ante esta nueva negativa, El Observador volvió a insistir con distintos integrantes del Ministerio del Interior porque sabía de la existencia de una evaluación realizada por el investigador Emiliano Rojido durante la administración anterior cuando no formaba parte de la cartera. Hoy en día es asesor.
Ante esta nueva consulta, el Ministerio del Interior envió una nueva resolución el 11 de junio en la que reconoce la existencia del documento. “El 5 de junio de 2025 se pronunció la Asesoría Letrada del señor ministro, la cual indica que la misma ha realizado las averiguaciones correspondientes advirtiendo que, efectivamente, los informes evacuatorios que refiere el peticionante existen”, dice la resolución.
Fuentes de la cartera consultadas por El Observador aseguraron que los problemas para encontrar el documento se debieron a reorganizaciones internas y al trabajo de la transición mientras que aseguraron que la decisión es “bajarle el perfil” al programa porque el gobierno anterior “expuso un poco a la gente que trabaja en el territorio”.
Sin embargo, el autor del trabajo, Emiliano Rojido, aseguró a El Observador que él era partidario de entregar la información y aseguró que la evaluación, entre otras cosas, cuestiona el “uso político del tema”.
¿Transparencia?
Si bien varias autoridades del gobierno han hecho de la transparencia una bandera discursiva, en el Ministerio del Interior en más de una oportunidad se aplicó la reserva. El Observador también solicitó en otro pedido de acceso a la información pública la cantidad de funcionarios con los que cuenta Policía Caminera en todo el país. En esa misma solicitud también se pedían datos sobre los kits con los que cuenta esa repartición para hacer exámenes de THC y Cocaína a conductores.
Si bien la segunda parte fue contestada, lo de la cantidad de funcionarios que tiene Policía Caminera fue declarado reservado por 15 años. El argumento es que podría afectar a la seguridad nacional.
