Contexto
¿Qué es el Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico?
El registro obliga a todas las viviendas de uso turístico a contar con un código específico para poder operar legalmente. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio, busca regularizar el sector de los alquileres turísticos en España. Sin embargo, se prevé que muchos alojamientos legales, actualmente inscritos en registros autonómicos, no puedan ser incluidos en este nuevo sistema y, por lo tanto, queden fuera del mercado.
¿Qué consecuencias tendrá para propietarios y usuarios?
Según los propietarios, el nuevo sistema afectará al 70% de la oferta de viviendas de uso turístico, lo que podría dejar a miles de personas sin alojamiento. La advertencia se centra en que los alquileres actualmente legales, que ya están inscritos en los registros autonómicos, no podrán ser incluidos en el nuevo sistema de la Ventanilla Única Digital, lo que eliminará estos alojamientos de las plataformas de comercialización.
¿Qué dicen los propietarios?
Los dueños denuncian que el nuevo sistema no solo eliminará una gran parte de la oferta legal, sino que también invadirá competencias autonómicas. Además, se quejan de la "arbitrariedad" y "falta de uniformidad" ya que no existe un protocolo homogéneo en todo el país.
¿Cuál es el impacto económico para España?
Fevitur estima que la eliminación de esta oferta turística legal causará pérdidas significativas para la economía española, con una estimación de 8.570 millones de euros entre julio y septiembre, y 5.167 millones adicionales en el último trimestre del año. Además, alertan de que esta medida puede llevar a un aumento de la economía sumergida y la proliferación de viviendas ilegales, lo que complicaría aún más la regulación del sector.
Cómo sigue
El 1 de julio se activará el Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico, lo que podría transformar significativamente el panorama de los alquileres de corta duración en España. Mientras tanto, los propietarios y las plataformas de alquiler deberán adaptarse a los nuevos requisitos legales, a pesar de las dificultades de inscripción y los problemas técnicos asociados a la Ventanilla Única Digital. Hay incertidumbre por la falta de uniformidad en la aplicación de los criterios de inscripción, que podrían generar más tensión entre los actores del sector.