Sin llamado a licitación pública y sin la aprobación de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo (IM) aprobó una concesión por 20 años a Burger King (Adiser S.A.) para explotar el ex Parador Nelson, ubicado sobre la rambla de Montevideo, entre los juegos del Parque Rodó y el Teatro de Verano.
El predio es propiedad de la Intendencia y en los últimos años han funcionado diferentes restaurantes como Rumi, Soprano´s y, más recientemente, PYG (Kerifos S.A.). Actualmente, el parador está cerrado con chapas y no se ha confirmado si Burger King ya comenzó las obras de remodelación.
El traspaso de la concesión de Kerifos S.A. (responsable del establecimiento PYG) a Burger King, fue aprobado mediante una resolución de la IM, firmada por el intendente Mauricio Zunino y la ex secretaria general Olga Otegui, el 22 de noviembre de 2024. En ella se mencionó que Burger King se comprometió a invertir más de $ 34 millones (unos US$ 800.000) en la renovación del local y el “mejoramiento del entorno”.
Kerifos S.A. tuvo la concesión del predio durante los últimos años hasta que, en octubre de 2024, solicitó formalmente autorizar la cesión a Burger King. Cinco días después de que la IM aprobara el traspaso de la concesión, Burger King pidió una prórroga por 20 años, lo que también fue autorizado por la Intendencia, según pudo confirmar El Observador.
Adjudicación directa y sin aval: las observaciones del Tribunal de Cuentas
La cesión de la concesión fue observada por el Tribunal de Cuentas. El 5 de febrero emitió un informe en el que identificó irregularidades en el procedimiento, informó a la Junta Departamental y devolvió las actuaciones a la Intendencia.
Contrato vencido previo a la prórroga: el Tribunal señaló que el contrato original de Kerifos S.A. había vencido formalmente el 11 de mayo de 2024, por lo que no estaba vigente. Según el Tribunal, no se puede “ampliar” un contrato vencido, por lo que la cesión a Burger King y la posterior prórroga por 20 años son inválidas.
Sin embargo, desde la Intendencia manifestaron que el contrato vencía el 11 de diciembre de 2024, dado que debido a la pandemia del covid-19 el establecimiento estuvo cerrado durante siete meses. Por ese motivo, según consta en un informe de la División de Asesoría Jurídica de la IM, se entendió que el plazo fue “tácitamente prorrogado”, lo que el Tribunal de Cuentas rechazó.
Adjudicación directa: por otro lado, el Tribunal observó que la Intendencia “incumplió” con la normativa al permitir una adjudicación directa de un nuevo contrato por 20 años, sin realizar un llamado a licitación pública. En base a lo establecido en el Texto Ordenado de Contratación y Administración Financiera (Tocaf), los contratos de esa naturaleza deben pasar por licitación pública y no pueden adjudicarse como si fueran “ampliaciones”.
No hubo aprobación de la Junta Departamental: otra irregularidad del procedimiento fue que no hubo aprobación de la Junta Departamental, un requisito que es obligatorio según la Ley Orgánica Municipal que establece que los contratos de concesión cuya duración exceda el mandato del intendente, deben ser aprobados por mayoría absoluta en la Junta Departamental. En este caso, la concesión se otorgó por 20 años, por lo que requería ser sometido a votación.
El expediente fue archivado a pedido del Frente Amplio
El expediente ingresó a estudio de la Junta Departamental el 27 de febrero de 2025 pero nunca fue tratado.
El pasado 6 de junio, según pudo confirmar El Observador con los ediles del Partido Independiente, Javier Barrios Bove y Rafael Seijas, se archivaron todos los expedientes que estaban a estudio, incluido este.
Los ediles relataron que el pedido fue hecho por el Frente Amplio con el argumento de "dejar la bandeja limpia" para finalizar el período de gobierno de la Junta, de cara a la asunción de las nuevas autoridades, prevista para el próximo 10 de julio. No obstante, Seijas indicó que dejó constancia de que, si fuera necesario, los expedientes podrían recuperarse del archivo.
En relación a la concesión y tras ser informado sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas, Barrios Bove dijo que el caso “es grave” y de una “desprolijidad bárbara” porque, a su entender es una prórroga otorgada “con nombre y apellido” a Burger King.
Pese a que el caso fue archivado sin haber sido tratado por la Junta, Barrios Bove señaló que si lo hubieran sometido a votación de los ediles, el Frente Amplio tenía mayoría para aprobarlo.
No obstante, reconoció que “rompía los ojos” la irregularidad de la situación y que no les hubiera dado el tiempo para aprobarlo con “los exiguos tiempos que disponían”.
El Observador intentó comunicarse con responsables de la Dirección de Desarrollo Económico y otras autoridades de la Intendencia involucradas en esta concesión, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta edición. También se consultó a ediles de otros partidos políticos y a Burger King, sin obtener respuesta.
Aclaración: En la primera versión de esta nota se atribuía a Claudio Visillac la solicitud de archivo de todos los expedientes a estudio de la Junta Departamental. Sin embargo, según nuevas precisiones del edil Javier Barrios Bove, esa afirmación no corresponde a Visillac sino al presidente de la Comisión de Presupuesto. El Observador ya actualizó la información para reflejarlo.
