La Fiscalía amplió la formalización de la dueña y la encargada del residencial Cayetano, ubicado en La Unión, por reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual, luego de incorporar nuevos elementos a la investigación sobre las condiciones en las que vivían los adultos mayores alojados en el establecimiento.
Según informó Fiscalía este martes, a partir de las evidencias reunidas, existieron siete fallecimientos en el marco del caso que se habrían producido como consecuencia de las condiciones de abandono en las que se encontraban las víctimas.
Para el Ministerio Público, las siete muertes tienen un vínculo directo con cómo vivían las personas dentro del residencial: las víctimas sufrieron un deterioro progresivo de salud provocado por cuadros severos de deshidratación, falta sistemática de alimentación, condiciones de higiene deplorables, lesiones sin atención médica y otras omisiones graves en los cuidados básicos.
Ante esta información, la Fiscalía de Flagrancia de 15.º Turno solicitó ampliar la formalización de ambas imputadas por los nuevos delitos y extender el plazo de las medidas cautelares de prisión preventiva. Las mujeres permanecerán en prisión preventiva hasta el 4 de mayo de 2027.
Un residencial irregular y 20 adultos mayores hacinados
El caso salió a la luz el 11 de julio de 2026, cuando efectivos policiales concurrieron a una vivienda ubicada en Mateo Cabral y Comercio, en el barrio La Unión, tras recibir una denuncia por gritos de auxilio.
Al llegar, los policías escucharon a dos mujeres y un hombre que pedían ayuda desde una ventana. Manifestaban que estaban encerrados, que habían sufrido caídas y que necesitaban agua. Con autorización de una vecina, los efectivos ingresaron al inmueble por una azotea lindera y encontraron a unas 20 personas mayores distribuidas en espacios reducidos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) había informado, en ese entonces, que el establecimiento funcionaba como un anexo no declarado del residencial Cayetano. El centro registrado figuraba como un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem), aunque su trámite de habilitación estaba en seguimiento y una inspección realizada en mayo había detectado observaciones que impedían otorgarle la autorización.
El 13 de julio, la Justicia había imputado a la propietaria y a la encargada por reiterados delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia, todos en régimen de reiteración real. En esa instancia se había dispuesto prisión preventiva por 120 días.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) también había expresado su preocupación por el caso y señalado que las condiciones encontradas eran incompatibles con la dignidad humana. Además, había reclamado que se esclarecieran los hechos y se garantizaran la atención integral y la protección de las personas afectadas y sus familias.
"Casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector, para responder a sus naturales requerimientos", había concluido el comunicado del instituto.