En el texto apuntan contra el Grupo Larrarte, empresa que dejó de pagar sobre mediados de 2024
La caída de Conexión Ganadera, que declaró un pasivo de US$ 250 millones, se dio sobre fines de 2024 luego de que uno de los socios de la empresa, Gustavo Basso, muriera en un siniestro de tránsito en la Ruta 5 a la altura de Florida.
Antes de que la situación de Conexión Ganadera, también propiedad de Pablo Carrasco, se hiciera pública otra de las empresas que entró a concurso de acreedores fue el Grupo Larrarte.
Cuando se supo que Larrarte había dejado de pagar a sus inversores, Carrasco dedicó algunos posteos en X para dar tranquilidad a los inversores y reconocer que Conexión Ganadera nunca dejó de pagar los altos intereses que prometía desde su fundación hace 25 años.
En setiembre, Conexión Ganadera lanzó la posibilidad de invertir en bonos de carbono. Esa presentación se hizo en la Rural del Prado y luego fue compartida a los socios a través de un mail.
“Coincidió con la noticia de la estafa de Larrarte a sus inversores por lo que comparto nuestro pesar por la existencia de estos actores que le hacen tanto mal al noble negocio ganadero”, indica el texto.
Sobre Larrarte en sí, desde Conexión Ganadera agregaron en ese momento: “Poco podemos decir sobre una empresa completamente ajena a la nuestra que no sea que conocimos su sospechoso proceder desde que nacieron. Pagaban intereses cada 45 días sin que existan negocios ganadero con ese plazo”.
A su vez, cargaron contra los inversores del Grupo Larrarte y los tildaron de “ingenuos”. “Nosotros solo podemos recordar nuestros 25 años cumpliendo religiosamente con ustedes, así como nuestra total disponibilidad para recibir cualquier inquietud”, indica el texto sobre el final.
En esa misma comunicación, enviaron la invitación para el 4 de octubre cuando festejaron los 25 años de la empresa.
Lo último que se supo del caso es que un grupo de acreedores solicitó formalmente a la Justicia de Concursos de Montevideo la declaración de concurso necesario de Carrasco argumentando su estado de insolvencia y el incumplimiento de pagos derivados de un contrato de arrendamiento rural, señala el decreto del juez Leonardo Méndez al que accedió El Observador.
