"¡No tomen a esta persona!", exhortó a colegas del rubro la propietaria del residencial en un comunicado en el que adjuntó la cédula de identidad del extrabajador.
Desde el Ministerio del Interior confirmaron a El Observador que se presentó la denuncia y que se encuentran en curso las actuaciones para esclarecer lo ocurrido. "Se hizo la denuncia y se están realizando las investigaciones correspondientes en coordinación con Fiscalía de Delitos Sexuales", indicaron desde la cartera.
El trabajador, que ya había sido cesado por el residencial a raíz del episodio, prestó declaración y negó los hechos, según informó Interior. "No hay orden de detención hasta el momento", agregaron desde el ministerio.
La investigación fue derivada a Delitos Sexuales de la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género. Por su parte, desde la Fiscalía General de la Nación informaron a El Observador que el caso está en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno.
"La Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno ordenó las diligencias preliminares de investigación y la toma de declaración a testigos", señalaron desde el organismo.
Qué declaró el trabajador denunciado
El trabajador fue indagado por la Policía y negó haber abusado del residente. Según la versión que brindó ante los investigadores, lo ocurrido fue un malentendido: sostuvo que se encontraba en la habitación porque le estaba mostrando al residente unas erupciones que tenía en la piel.
Como parte de las actuaciones, la Fiscalía dispuso que se informara del episodio a la familia del residente y solicitó el relevamiento de las cámaras de videovigilancia del interior del residencial.
Familiares del hombre declararon ante la Policía que días antes el residente les había manifestado que "lo manoseaban" y señalaron que habían advertido un cambio en su conducta.
La investigación continúa con la recolección de pruebas y la declaración de testigos para determinar cómo avanzar en el caso.
Aderama reclama cámaras en los residenciales y cuestiona al Mides: "Es una garantía para todos"
A partir de la denuncia por el presunto abuso sexual contra el hombre de 86 años con alzhéimer, la Asociación de Residenciales para el Adulto Mayor (Aderama) volvió a reclamar que se permita y regule la instalación de cámaras de videovigilancia en los establecimientos de larga estadía.
Juan Sparkov, representante de Aderama, aseguró a El Observador que se trata de un planteo que la asociación mantiene desde hace tiempo ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y cuestionó la posición que, según dijo, ha adoptado la cartera.
"Es el eterno problema en la lucha contra el Mides, porque hay alguien en el Mides que se opone a que haya cámaras y no con fundamento legal, porque no hay nada que lo prohíba", afirmó.
Según Sparkov, Aderama mantuvo "cantidad de reuniones" con las autoridades por este asunto y llegó a solicitar al ministerio un pronunciamiento jurídico sobre la posibilidad de instalar estos sistemas. "Pedimos una nota jurídica del Mides que se expidiera, hasta el día de hoy nada", sostuvo.
El representante de Aderama entiende que las cámaras constituyen una herramienta de protección no solamente para las personas alojadas en los residenciales, sino también para quienes trabajan allí.
"Es una garantía para todos: una garantía para el funcionario, al cual a veces denuncian los pacientes que les pegan, y no es así, les pega otro paciente. Los robos, y en este caso los abusos, pero sobre todo la violencia. La mejor forma de frenar la violencia es permitiendo poner cámaras", afirmó.
Sparkov puso especial énfasis en la utilización de cámaras en áreas comunes de los residenciales y sostuvo que también debería discutirse bajo qué condiciones pueden instalarse dentro de las habitaciones cuando existe autorización de los responsables del residente.
"Ellos dicen no se puede poner cámara en ningún lado. No, para áreas comunes se puede. Y yo, si quiero y me autoriza el familiar que está como responsable de ese paciente en esa habitación, puedo poner cámaras en la habitación", señaló.
Según el representante de Aderama, la respuesta que han recibido se fundamenta en la necesidad de preservar la privacidad de los residentes. Para la asociación, sin embargo, es posible compatibilizar esa protección con sistemas de videovigilancia que tengan un acceso restringido.
Sparkov sostuvo que las grabaciones no tienen por qué ser públicas ni transmitirse por internet, sino que pueden permanecer almacenadas y ser consultadas únicamente cuando resulte necesario. "Vos vas a usarlo si lo necesitás, no vas a andar mostrando en las redes que tenés un paciente añoso o desnudo", afirmó.
El planteo de Aderama cobra especial relevancia en el caso que actualmente investiga la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno, debido a que parte de la situación denunciada habría quedado registrada por las cámaras del residencial.
Sparkov destacó precisamente que, una vez presentada la denuncia, las imágenes se transformaron en un elemento relevante para la investigación.
"La Fiscalía pide las imágenes", señaló, y cuestionó que, a su entender, no exista una política más amplia que habilite estos sistemas en los residenciales que puedan instalarlos.
El representante de Aderama sostuvo que las cámaras también han resultado útiles ante otros episodios de seguridad registrados en establecimientos y mencionó el caso de un residencial en el que ingresaron tres delincuentes.
"La cámara que había cuando entraron los tres ladrones fue fundamental. Fue fundamental para ver si le pegaban a los pacientes o no, para ver la cámara de los ladrones. Eso es terrible respaldo", afirmó.
Para Sparkov, la videovigilancia puede servir entonces para esclarecer denuncias de maltrato, detectar robos, reconstruir episodios de violencia y aportar elementos ante situaciones como la que actualmente investiga Fiscalía.
El dirigente también remarcó la situación de vulnerabilidad del hombre de 86 años involucrado en el caso y calificó el episodio denunciado como "doblemente repudiable". "Uno deposita la confianza en esa persona para que le cuide a los pacientes y mirá cómo termina", concluyó.
Qué dijo el ministro Gonzalo Civila sobre los controles a los residenciales
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió este jueves a los controles que realiza el Estado sobre los establecimientos de larga estadía para personas mayores, luego de una serie de episodios que volvieron a poner bajo la lupa las condiciones en las que funcionan algunos residenciales.
Entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12), Civila aseguró que el Mides cuenta con "decenas de personas" dedicadas a las tareas de fiscalización y que durante el último año se realizaron alrededor de 1.000 visitas a establecimientos.
"Nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores, son decenas de personas que trabajan en esto. Estamos haciendo fiscalización intensa", afirmó.
El ministro explicó que el proceso para obtener una habilitación completa requiere la intervención de distintas instituciones, fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
"Nosotros certificamos aspectos más de carácter social, el modelo de cuidados, o sea, esos temas. Y el Ministerio de Salud Pública de carácter sanitario", explicó.
Civila reconoció, sin embargo, que existe una importante brecha entre la cantidad de establecimientos que funcionan en Uruguay y aquellos que cuentan con la habilitación completa del Estado.
"Centros con habilitación completa en el Uruguay son algunas centenas en un universo de miles", señaló. Y agregó: "Habilitados por el Estado de forma completa, la cantidad de centros que hay en relación al total es baja".
El problema de los residenciales clandestinos
El ministro diferenció los establecimientos que están habilitados o atravesando el proceso para obtener la habilitación de aquellos que funcionan directamente en la clandestinidad.
"Cuando algo es lisa y llanamente clandestino, el acceso del Estado a eso es muy relativo", afirmó.
Civila puso como ejemplo un caso detectado en La Unión, donde, según relató, existía un establecimiento declarado y en proceso de habilitación en una dirección, pero las personas mayores eran trasladadas a otro lugar que no estaba registrado.
"Como clandestino que era, no había un control sobre esa situación porque no se conocía. Cuando la situación se conoce, el Estado interviene", sostuvo.
El ministro defendió además la actuación del Mides ante este tipo de episodios y señaló que la cartera debe asumir la atención de las personas mayores cuando se detectan situaciones graves.
"Nosotros lo que hicimos fue hacernos cargo de esas personas. Hacernos cargo primero con una intervención en el lugar rápida y después trasladando y garantizándoles a esas personas un destino", expresó.
Civila consideró que la existencia de establecimientos que funcionan completamente por fuera del sistema constituye un problema que excede la fiscalización habitual.
"Cuando hay una cantidad importante de centros que no están habilitados y algunos que ni siquiera están registrados en ningún lugar porque funcionan clandestinamente (...) hay obviamente un riesgo de que este tipo de situaciones se den y es una cuestión de derechos humanos", sostuvo.
"Nosotros tenemos que agotar todos los esfuerzos, nosotros, el Ministerio de Salud Pública, todas las instituciones, en encontrar cada una de estas situaciones y actuar", agregó.
El ministro también distinguió estos casos de aquellos establecimientos que son conocidos por el Estado pero todavía se encuentran en proceso de habilitación.
"Muchos de esos están en proceso de habilitación. Bueno, son procesos a veces que demoran porque aparte se les exigen muchas cosas a los centros", explicó.
Según Civila, cerrar automáticamente todos los establecimientos que todavía no completaron ese proceso generaría otro problema, dado que varios están en condiciones de funcionar mientras avanzan en los requisitos exigidos.
"Muchos de esos centros están en condiciones de poder funcionar, no con la habilitación completa del Estado. Hay un proceso, se va acompañando ese proceso, se hacen una serie de trámites para eso, pero sobre todo también un acompañamiento de los equipos a esos establecimientos", concluyó.