Luego de que el pasado julio se conociera el caso de una doctora en Treinta y Tres, que fue imputada por la Fiscalía por usurpación de título bajo acusación de ejercer como cardióloga sin serlo, tanto la Facultad de Medicina como la FEMI (Federación de Médicos del Interior) publicaron resoluciones y comunicados en los que señalan la necesidad de establecer un "plan de acción" ante situaciones como estas.

El Observador publicó que la doctora María Laura Pagliotti lleva 21 años cursando el posgrado de cardiología, que todavía no finalizó. Dudas que se le plantearon en 2019 respecto al tratamiento que recibía su hijo en la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC), de Treinta y Tres, llevaron a Gabriela Flores, usuaria del sistema de salud, a consultar sobre su título. Se abrió así un expediente en Salud Pública.

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La médica Pagliotti recibió una segunda denuncia en 2024, de parte de otra usuaria de Treinta y Tres. A diferencia de lo ocurrido en 2019, esta segunda denuncia fue remitida por el MSP a la Fiscalía. Lo que ahora deberá determinar el sistema judicial es si Pagliotti se presentaba como cardióloga ante sus pacientes. Según las denunciantes, tal situación se configuró en este caso.

En los datos públicos del Fondo Nacional de Recursos, consta que la médica indicó en múltiples oportunidades la realización de cateterismos y cirugías cardíacas a pacientes públicos y privados en Treinta y Tres. Los procedimientos fueron aprobados y llevados a cabo.

La aclaración de la Facultad de Medicina: "no existen niveles intermedios de titulación"

Esta semana, el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República adoptó una resolución surgida de este caso, en la que señalan que si bien los estudiantes de posgrados y especializaciones "van desarrollando competencias que permiten autonomía creciente", aclara que "no existen niveles intermedios de titulación que permitan realizar diferencias entre niveles de atención".

En la resolución se indica además que "estos niveles de capacitación no puede ser tampoco avalados por 'notas de cátedra', más allá de lo que esté documentado por la escolaridad del posgrado", dice el documento al que accedió El Observador.

"Las potestades de amparar, habilitar o regular la práctica profesional de médicos fuera del régimen docente y formación de posgrado son del Ministerio de Salud Pública; no de la Facultad de Medicina", agrega la resolución, que indica a las Unidades Académicas de la Facultad que "no deben emitirse notas de aval de competencias para estudiantes de posgrado, debiendo remitirse a los solicitantes al sistema de Bedelías para obtener la escolaridad correspondiente como documento de avance de sus estudios".

La Facultad encomendó además a su decano, Arturo Briva, y a la directora del Centro de Posgrados, Mercedes Prendones, a trabajar junto a las autoridades nacionales y prestadores de salud para "establecer un plan de acción que promueva la práctica de las especialidades médicas con los más altos niveles de calidad".

El comunicado del gremio de médicos del interior

Este viernes, FEMI publicó un comunicado en el que llaman a "avanzar en un marco claro que otorgue las debidas garantías académicas, jurídicas y asistenciales".

El gremio había respaldado a la doctora de Treinta y Tres y señaló en ese momento que “El caso constituye un hecho de enorme gravedad, no solo por sus consecuencias personales y profesionales, sino porque expone una realidad que FEMI viene advirtiendo desde hace tiempo a las autoridades nacionales: la ausencia de un marco jurídico claro que otorgue seguridad a los médicos que desempeñan funciones asistenciales especializadas indispensables para el funcionamiento del sistema de salud”.

En el comunicado de esta semana, FEMI pide al Ministerio de Salud Pública que establezca "criterios claros y uniformes respecto a las condiciones en que los posgrados avanzados sin título pueden desempeñar funciones correspondientes a una especialidad médica mientras regularizan su titulación".

Además, el comunicado anuncia que la gremial mantiene la resolución adoptada por su Plenario "de no participar en llamados destinados a cubrir cargos de especialistas mediante posgrados avanzados sin título, tanto en el sector público como en el privado".

"FEMI continuará promoviendo instancias de diálogo con las instituciones y organizaciones involucradas para alcanzar una solución que brinde seguridad jurídica a los profesionales y preserve la calidad y la seguridad de la atención", agrega el mensaje.

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