La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera se disponía a dictar el auto de apertura al juicio, el documento que resume el caso para el juez del juicio que tendrá que fallar si condena o absuelve a Sara Goldring, acusada por la fiscalía por apropiación indebida con una pena de cuatro años de cárcel.
Sin embargo, según la resolución a la que El Observador accedió, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno resolvió suspender el caso hasta expedirse sobre la apelación de la abogada Patricia Regules, representante de damnificados, quien solicitó incorporar al juicio algunas pruebas que fueron rechazadas por la jueza Olivera.
Los ministros del tribunal de apelaciones Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu resolvieron suspender el procedimiento sobre Goldring "atento a las circunstancias del caso y siendo que se entiende inconveniente permitir que el trámite procesal siga su curso mientras no se haya pronunciado la Sala sobre la cuestión planteada".
En la penúltima audiencia de control de acusación Regules propuso que se solicitara información sobre las cuentas de Jefferies, el banco de Estados Unidos con el que operaba Goldring, así como que se pida información al Banco Central, Lideco y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
La jueza rechazó incluir esa prueba y Regules apeló. Otros defensores de damnificados plantearon que realizar esa gestión podría dilatar el juicio a dos o tres años, ya que para hacer una solicitud de información internacional se tiene que activar la cooperación internacional y se desconoce cuánto puede tardar Estados Unidos en responder.
En la siguiente audiencia, Regules pidió que se admita una pericia privada contratada por sus clientes que plantea "la discordancia técnica sobre la calificaciónjurídica del Ministerio Pública dejando constancia sobre los hechos nuevos y la defraudación fiscal como precedente del lavado de activos".
En la audiencia del 23 de junio, la fiscalía de Lavado a cargo de Enrique Rodríguez, cuestionó esa prueba por "incompatible” con la teoría del caso de la fiscalía porque incorpora delitos por los que Goldring no fue acusada.
Regules rebatió que más allá de la defraudación fiscal y el lavado, el informe tenía “otros descubrimientos” que sí guardaban relación con el objeto de la fiscalía, por lo que lee parecía "manifiestamente útil" incluirlo en ese sentido.
Otra prueba rechazada y que apeló Regules fue la de incorporar parte de información relativa a la operación de Custodia de Valores Montevideo (CVM) que surge de un juicio que inició Goldring en Estados Unidos.
Si el tribunal acepta la prueba, será incorporada al juicio pero se desconoce cuando comenzará esa instancia que podrá seguir demorándose.
Si por el contrario, la rechaza la jueza redactará el auto de apertura del juicio y se dispondrá la fecha de inicio.
Mientras tanto, otro "riesgo" que corren quienes quieren que Goldring sea juzgada es que el Acuerdo Privado de Reorganización (APR) podría llegar a la mayoría necesaria y en ese caso el juicio no llegaría a iniciarse.
Goldring propuso pagarles el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000 en total.
Para ser aprobado debería superar el 75% de adhesiones y con eso Goldring podría presentarlo a Fiscalía con el fin de intentar cerrar el caso penal y evitar el juicio.
Según abogados de damnificados que han participado de las negociaciones, las adhesiones están en un 70% pero hay dos o tres exclientes de Goldring que por los activos que tenían, si aceptaran firmar permitirían llegar a la mayoría.
Hasta ahora esas personas se han mantenido firmes en rechazar el APR.
