En varias noticias y declaraciones se afirmó que la mujer condenada era una vidente. Sin embargo, Rodrigo Rey, abogado de la imputada, afirmó a El Observador que la mujer "tenía cáncer" y que sus denunciantes se aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar ese relato.
La Fiscalía de Artigas continúa investigando a varios implicados, entre ellos a Volpi, acusada de ser una de las escribanas que redactó y firmó la cesión de derechos hereditarios de la viuda a la mujer condenada.
De todas formas, el abogado de la nueva intendenta, Jorge Barrera, dijo a El Observador que espera el archivo de la causa contra Volpi, debido a que la investigación había sido archivada en primera instancia. Ahora está en revisión por otro fiscal pero dado que no se sumaron nuevas pruebas no cree que haya cambios.
El caso también sigue en la justicia civil, donde Volpi figura como demandada. La defensa de la brasileña reclama por los daños y perjuicios sufridos, y pide la nulidad de la cesión de derechos, confirmaron fuentes del caso a El Observador. Esta vía tendrá una audiencia en setiembre. Si Volpi llegara a ser condenada podrá apelar y si se confirma la condena tendrá que indemizar a la mujer estafada.
¿Cuál es el vínculo que denuncian que tuvo Elita Volpi con la estafa?
El esposo de la mujer que denunció los hechos murió en junio de 2017. Tan solo dos meses después, firmó una carta poder para que la acusada pudiese "disponer y administrar" sus bienes.
En diciembre, le cedió de forma gratuita "todos sus derechos hereditarios", de un valor cercano a los US$ 15 millones.
La defensa de la víctima sostuvo que la brasileña desconocía qué estaba firmando, y afirmó que un traductor debió intervenir para traducir al portugués el acuerdo. La firma fue realizada en el estudio de Volpi, quien declaró como indagada en este caso.
El abogado de la jerarca, Jorge Barrera, dijo a El Observador meses atrás que el accionar de su clienta como escribana fue legal.
En su primera denuncia a la justicia, a la que accedió El Observador, la brasileña afirmó que fue a la oficina de Volpi acompañada de la denunciada, y que le hicieron firmar "sin explicaciones" lo que ella pensaba que era un documento más de las "tramitaciones normales de una sucesión en Uruguay". "Jamás me explicaron las consecuencias de los actos que me hacían firmar", agregó.
"Soy brasileña nacida en Cruz Alta, zona lejana a la frontera; no conozco el idioma castellano; tengo problemas auditivos severos; no entiendo términos jurídicos; no hubo intérprete, ni testigos; la escribana NO ME CONOCE (sic); NO leyó el texto conforme a derecho (...) y propició el negocio groseramente fraudulento", denunció la mujer, que en su denuncia indicó que con estas actitudes Volpi violó la Ley Orgánica Notarial N° 1.421 y la acordada 7.533 del Reglamento Notarial.
En una declaración a Fiscalía, Volpi indicó que ese día "no se firmó la cesión de derechos hereditarios" porque le requirió a las dos mujeres que celebraran una "promesa de renta vitalicia sin garantía y de pago de suma de dinero mientras dura la sucesión".
Ese acuerdo, en el que la denunciada firmó darle una renta mensual vitalicia de US$ 5.000 a la brasileña, se concretó seis días después del primero. La viuda indicó que este acuerdo fue firmado en Montevideo mientras ella estaba de viaje en Porto Alegre, y denunció que su firma fue ratificada por Volpi, quien reconoció que el documento no se le entregó a la denunciante.
Este dinero recién le comenzó a llegar a la víctima cuando denunció que nunca le habían pagado, a mediados de 2020.
A pesar de la negativa de Volpi, a fines de diciembre de 2017 otra escribana aprobó de forma definitiva la cesión. Según la denunciada, la nueva intendenta y la segunda escribana, la brasileña cedió sus derechos porque "estaban en riesgo", algo que su defensa niega.
En medio del trámite sucesorio que aún no concluyó cinco personas se presentaron como herederos legítimos del fallecido, y la justicia todavía no dirimió sobre su situación ni se dirimió la división de bienes para los sucesores.
Sin embargo, desde que obtuvo la cesión de los derechos hereditarios la acusada realizó varias ventas de ganado que pertenecían al hacendado fallecido, al punto que en 2019 ya no quedaba ningún animal a nombre del hombre, y en 2021 la propia mujer pidió el cierre de la empresa de esta persona.
En total, indica la sentencia, entre enero y noviembre de 2018 la mujer vendió 2.397 ovejas y 1.521 vacas que eran propiedad del fallecido. Solo por las vacas obtuvo alrededor de US$ 300 mil. Entre los compradores está registrado un hijo de la acusada. Entre ese ganado, la mujer se trasladó a su propia empresa unipersonal la propiedad de 602 vacas.
Además de esta venta de animales, la implicada también alquiló diversas propiedades del fallecido por un total cercano a los US$ 248 mil. La ley permite arrendar bienes que se encuentren en sucesión, pero el dinero no puede ser usado por una titular de derechos hereditarios, sino que debe "permanecer al pendiente" del resultado de la división de bienes.
En noviembre de 2021, la mujer abrió la sociedad anónima "Los Vientos". A través de esa sociedad y con el dinero obtenido en la venta de ganado y el alquiler de inmuebles, la mujer adquirió un apartamento en Punta del Este por US$ 155 mil –en el que pasó los cinco meses en prisión domiciliaria por la formalización de los delitos en su contra–, un local comercial de esa ciudad por US$ 27.000. Por su cuenta también compró dos autos, de un valor total de US$ 11.300.
Abogado de Volpi entiende que su caso se dirige a un segundo archivo
Barrera recordó que el caso contra la mujer de 63 años y otros varios presuntos involucrados, entre los que están Volpi y el secretario general de la Intendencia de Artigas, Emiliano Soravilla, fue archivado hace dos años en primera instancia por la Fiscalía de 1° Turno de Artigas.
La defensa de la brasileña pidió el reexamen de la causa, y la justicia dio el visto bueno. El fiscal adscripto Federico Rodríguez a cargo del caso, logró la formalización en noviembre de 2023 de la principal implicada por "reiterados delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de abigeato y reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular".
Pocos días después, Barrera solicitó la preclusión de la investigación contra Volpi y la segunda escribana implicada, ya que entendían que el fiscal solo había imputado a la principal acusada en el plazo de cuatro meses que disponía para las formalizaciones desde que se reabrió la causa.
Para fundamentar esta solicitud el abogado se basó en la opinión de Gabriel Valentín, director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, que ante la consulta de Barrera respondió por escrito: "La doctrina nacional ha concluido que si se fija un plazo para formalizar, a pedido de cualquier interesado, el vencimiento de ese plazo" determina "la preclusión definitiva de la posibilidad de continuar la investigación y de perseguir penalmente".
Sin embargo, fuentes del caso indicaron que luego la defensa de las escribanas retiró esta solicitud. La defensa de la brasileña entiende que Volpi sigue siendo indagada en la causa "al igual que todos los demás", y creen que el fiscal "tiene todo el tiempo del mundo" para investigarla.
De todas formas, Barrera piensa que "el dictamen va a ser el mismo" que la primera investigación y el caso contra la nueva intendenta va a ser archivado, ya que no existen nuevas pruebas en su contra.
Por otro lado, la justicia civil continúa la investigación contra la principal acusada, Volpi y otros implicados por los daños y perjuicios que denuncia la brasileña, junto con una demanda que pide la nulidad de la cesión de derechos firmada entre ambas partes.
Fuentes del caso indicaron que el 25 de setiembre se realizará una nueva audiencia por este caso, en el que la intendenta de Artigas oficia como una de las demandadas.
