¿Cómo se reparten los US$ 153 millones de aumento previstos en la Rendición de Cuentas?

La última Rendición de Cuentas de la presente legislatura estipula un incremento presupuestal de $ 4.807 millones para 2019 (unos US$ 153 millones a valores de hoy) y de $ 5.107 millones para 2020 (unos US$ 162 millones). Ese aumento se divide entre gasto ya comprometido (que incluye el diferendo con los funcionarios judiciales, pagos por nocturnidad policial, o cooperativas de vivienda) y una esfuerzo incremental de gasto "prioritario" en áreas como la educación, la salud y la seguridad. Para esas prioridades, el Estado destinará $ 3.417 millones extra (US$ 109 millones), tanto en 2019 como en 2020.

Esos números son considerados insuficientes en los sindicatos y una parte del Frente Amplio, mientras que para la oposición el aumento del gasto se sustenta en dinero que todavía no existe y, por lo tanto, es "irresponsable".

Para el gobierno, en el medio entre ambas posturas, se trata de un reparto "prudente" y "equilibrado", según palabras del ministro de Economía Danilo Astori.

La educación es el principal beneficiario de los aumentos, llevándose $ 2.557 millones extra para 2019. En otras palabras, la educación recibe el 53,2% del incremento presupuestal, y el 74,8% del aumento de gasto prioritario (quitando otros aumentos ya comprometidos).

En particular, la ANEP recibirá $ 1.942 que serán destinados a remuneraciones, y otros $ 105 millones direccionados a la contratación de auxiliares de servicio. Parte de los incrementos se financiarán con reasignación de remuneraciones de Presidencia y el Ministerio de Economía. La Udelar, en tanto, se hará con una partida extra de $ 430 millones, a destinarse a salarios. A la UTEC se le asignan $ 50 millones, a los que se agregan otros $ 30 millones producto de reasignaciones desde otros organismos.

Con estos números, el presupuesto destinado a la educación alcanzará el 5,15% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 6% reclamado por el PIT-CNT y prometido por el Frente Amplio en la campaña electoral.

Al Ministerio del Interior, por su parte, se le asigna una partida incremental de $ 198 millones, que sumada a reasignaciones dentro de la propia cartera, alcanzará a cubrir los $ 220 millones para el pago de nocturnidad (una compensación ya comprometida), más $ 80 millones que serán destinados a aumentar la cantidad de efectivos PADO y los becarios en las comisarías.

La Fiscalía General de la Nación también recibirá un refuerzo presupuestal de $ 65 millones para remuneraciones, principalmente orientadas a la contratación de personal para cumplir con el nuevo Código del Proceso Penal, así como la ley de violencia de género.

Justamente, en el marco de esa ley se asignan $ 30 millones al Mides (para el fortalecimiento de la atención de las víctimas de violencia doméstica en el interior), $25 millones al Ministerio del Interior para la compra de tobilleras, $ 20 millones al programa de alquileres del Ministerio de Vivienda, y $ 5 millones a Presidencia para la producción de campañas de bien público sobre el tema.

El Ministerio de Defensa es otra de las carteras que recibe un incremento para salarios. El proyecto del Ejecutivo incluye una partida extra de $ 230 millones destinada a un aumento de hasta 3% en las remuneraciones del personal subalterno. En términos absolutos, los aumentos salariales que se estipulan oscilan entre los $ 1.050 y $ 590. La mejora de esos sueldos se financiará con reasignaciones del propio ministerio.

En materia de salud, se establece un incremento de $ 70 millones para ASSE, de los cuales $ 50 millones se destinarán a la contratación de personal para el nuevo Hospital de Colonia y la ampliación del Pasteur, y los restantes $ 20 millones serán dirigidos a las contrataciones por Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.

Asimismo, se otorga un incremento de $ 170 millones para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, uno de los buques insignia de esta administración, que había sido debilitado en rendiciones anteriores.

El INAU tendrá un incremento de $ 121 millones, mientras que el Inisa recibirá una partida extra de $ 44 millones. En ambos casos, el aumento del gasto está previsto para reestructuras, adecuaciones salariales y nuevos cargos.

Entre el gasto ya comprometido, se dispone el pago de una partida única de $ 900 millones en 2018 y otra de $ 300 millones en 2019 para viabilizar el financiamiento de obras en marcha mediante cooperativas de vivienda. Por otra parte, se destinan $ 1.140 millones al pago por disponibilidad de los proyectos de participación público-privada (PPP). También se encuentra en esa categoría el monto destinado al diferendo salarial con los funcionarios judiciales, que insumirá $ 831 millones en 2018 y $ 870 en 2020.